Como en Colombia han hecho carrera los fallos judiciales absurdos, nadie daba un peso por que el Consejo de Estado fallara a favor de la demanda interpuesta en contra de la elección irregular de la Fiscal General Viviane Morales. Incluso, había trascendido a los medios que la ponencia del caso avalaba el procedimiento de elección utilizado por la Corte Suprema de Justicia y que la única novedad era la de acortar el periodo de la Fiscal, por considerar que los tiempos son institucionales y no personales.
La suerte, pues, estaba echada. Sin embargo, para la mayoría de Consejeros de Estado fue imposible respaldar un proceso de nombramiento tan visiblemente viciado, como consta en el acta de la sesión de la CSJ del 1º de diciembre de 2010. Es que, al contrario de lo que muchos creen, en esta decisión del Consejo de Estado no medió criterio político alguno sino la valoración del curioso argumento de los magistrados de la Suprema, en el sentido de que podían modificar el reglamento —léase, violar la ley— “por una sola vez”; una barbaridad jurídica inconcebible e insostenible.
Pero esta elección anómala no fue más que la cereza en el pastel de un proceso en el que la CSJ jugó un triste papel al mantener acéfala la cabeza de la Fiscalía General de la Nación por cerca de año y medio con tal de impedir que alguien cercano al gobierno de Álvaro Uribe ocupara esa posición y supuestamente precluyera las investigaciones abiertas contra funcionarios de ese gobierno y se negara a abrir nuevas, aunque hay elementos que dan pie para pensar que ese cálculo político tuvo intenciones más osadas y que el objetivo no era impedir que llegara un ‘amigo’ del gobierno sino poner un enemigo del uribismo.
La primera terna tenía dos personas cercanas al gobierno (la abogada Virginia Uribe y el exministro Camilo Ospina), pero fue objetada por no contar con especialistas en Derecho Penal, cosa que la ley no exige. De hecho, Morales tampoco es penalista y, por cierto, fue reconvenida en público por un juez debido a su escaso conocimiento del tema. Con los días, los postulados fueron renunciando y quedó conformada una segunda terna de lujo, en la que no había amigos del gobierno de Uribe: el exconsejero Marco Antonio Velilla, la exmagistrada Margarita Cabello y el expresidente de la CSJ Jorge Aníbal Gómez.
En varias rondas de votación, Margarita Cabello obtuvo 15 votos, uno por debajo de lo que exige el reglamento, a pesar de lo cual no fue elegida con interpretaciones temerarias como luego se haría con la señora Morales, quien solo obtuvo 14 votos. no obstante, las posibilidades de la señora Cabello se fueron al traste con la denuncia del magistrado Luis Javier Osorio de que había recibido ofrecimientos para votar a su favor. Paradójicamente, Margarita Cabello acaba de ser nombrada magistrada de la Corte Suprema, lo que deja en claro que no había dudas sobre sus calidades.
En septiembre de 2010, el nuevo gobierno cambió la terna a pesar de que algunos expertos consideran que no podía hacerlo. Ello, y el final nombramiento de una samperista a la cabeza del ente investigador, acrecentó la idea de que el propósito era instalar una justicia sectaria que persiguiera todo lo que oliera a uribismo. No en vano, según la más reciente encuesta de Gallup, el 42% de los colombianos cree que la justicia solo está interesada en atacar al gobierno del expresidente Uribe y el 58% no cree en la justicia.
En conclusión, Viviane Morales no se cayó por su marido ni por el caso —aun oscuro— de su pensión de invalidez, sino porque la CSJ la nombró ilegalmente, incurriendo en prevaricato, así los honorables magistrados aduzcan que se trató de una falla humana y no de un delito, que de ser cometido por otros funcionarios los tendría a las puertas de La Picota por ser “un peligro para la sociedad”.
Y ahora que las uvas están verdes, la señora de Lucio renuncia para fortuna de Santos, quitándole la pesada carga de quedar como un caradura, volviéndola a ternar.
(Publicado en el periódico El Mundo, el 5 de marzo de 2012)
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