¿Justicia o persecución?

Si antes se creía en las bondades de la colaboración con la Justicia, ahora es necesario revaluar esa creencia; el principio de oportunidad no es colaboración sino prostitución: el procesado acepta cualquier cargo, aunque sea inocente, esperanzado en alcanzar la libertad enlodando a un pez más gordo que, culpable o no, sea de mayor apetencia para una justicia politizada, como la nuestra.

Bien dice el valiente ex secretario jurídico del Ministerio de Agricultura Oskar Schroeder que «la inocencia no se negocia», pero cada quien es dueño de su propio miedo y con eso es que intimida ese mal llamado ‘principio’. Aquí, cualquier inocente, siempre que un juez y un fiscal así lo decidan, puede ser condenado casi a perpetuidad y cualquier criminal ganar la libertad. No es raro, entonces, que muchos —y con mayor razón los bandidos— se acojan a tan indignante negocio: en una sociedad sin valores vale más ser un ‘pícaro’ confeso pero libre que un hombre honesto pero preso. Y hundir a otro es lo de menos.

Mas no puede esperarse que esa ‘Justicia’ se comporte como una dama —de ojos vendados, como se le representa— y no como una meretriz puñalera: el viceministro de Agricultura Juan Camilo Salazar prefirió acogerse al principio de marras, aceptando delitos que no cometió, y le quedaron mal, le clavaron 10 años aunque con la gabela de pagarlos en su casa. Sobra decir que su condena, tildada de ejemplar por algunos, tiene por objeto apuntalar la de Andrés Arias, que ya se presume de inusual severidad.

Diez años es un castigo infame para alguien que no se ha robado un solo peso. Ningún funcionario metió mano en los recursos de Agro Ingreso Seguro. Se los acusa de celebración indebida de contratos con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura a pesar de que se han firmado 45 convenios con la misma entidad, en las mismas condiciones y en distintos gobiernos —incluido el actual— desde 1964, y se los responsabiliza de nueve casos de fraccionamiento de tierras por parte de particulares que abusaron del programa.

Pero las evaluaciones de la firma Econometría y del Iica concluyeron que AIS fue altamente benéfico para el campo colombiano y que los dineros se destinaron a lo señalado por la ley. No existió detrimento patrimonial porque los fondos fueron desembolsados directamente a los contratistas que hacían las obras de riego, no a los beneficiarios. Y de los 14.000 millones implicados en los nueve casos de fraccionamiento se han recuperado 12.500 millones. Esa es la mejor prueba de que no hubo corrupción de los funcionarios, sino avilantez de unos particulares y que el tema ha sido magnificado por malquerientes del gobierno de Uribe.

En contraste, los Nule solo fueron condenados a siete años y medio a pesar de que el detrimento patrimonial que causaron —según la contralora Morelli— asciende a más de 800.000 millones, de los cuales muy seguramente no se va a recuperar nada, como en los casos de las pirámides que les tumbaron más de tres billones de pesos a los colombianos. Según Petro, la plata sigue en manos de Inocencio Meléndez, Emilio Tapias y Julio Gómez. Y súmele a los Moreno: Iván se dio el lujo de traer abogados gringos, famosos. Eso no se paga con menuda.

En un país donde la corrupción muerde —según el procurador Ordóñez—, cuando menos, 9 billones anuales (el 13 por ciento de los contratos con el Estado de acuerdo con un estudio hecho con empresarios), es un esperpento confundir un estornudo con el cáncer y politizar tan grotescamente la lucha contra esa calamidad. A los funcionarios les imputan las maquinaciones de unos avivatos que gozan de lindos paseos en yate. Tal vez haya habido un poco de negligencia, alguna ligereza, un descuido, pero como es evidente que no se aplica el mismo rasero en todos los casos, no puede hablarse de justicia, sino de persecución.

(Publicado en el periódico El Tiempo, el 31 de enero de 2012)