En Colombia, cada gobierno cree que es el primero desde la creación del mundo y suele someter la solución de los problemas a un permanente ensayo y error que nos hace vivir —eso sí— en un trance de esquizofrenia aguda.
Con Belisario aprendimos que no se puede confiar en las Farc, pero Gaviria volvió a meter las manos en el fuego, no una sino dos veces —en Caracas y Tlaxcala—, y el impenitente Pastrana no solo metió las manos sino que se sentó en las brasas, quemando las posaderas de toda la Nación. Y cuando se creía que el país había escarmentado lo suficiente, y que estaba curado de aventuras, llegó uno que presumía de astuto y sagaz pero al que se le está saliendo de control el incendio. ¿O será verdad que se trata, más bien, de un bombero pirómano?
Dialogar con las Farc es como jugar con fuego al interior de un polvorín. De ello se van dando cuenta algunos sectores que, o bien se preparan para hacer mutis por el foro o intentan presionar a la guerrilla con un cambio de tono.
La Iglesia Católica, por ejemplo, acaba de decir que los “diálogos se descarrilan con mucha facilidad por culpa de las Farc”, refiriéndose tanto a las actitudes de los negociadores de la guerrilla como a sus desmedidas exigencias. Esta posición realista llega luego de que los prelados católicos les dieran a los diálogos una bendición incondicional que ayudó a fomentar la postura cínica que la guerrilla ha tenido en La Habana. Si los curitas creyeron que eso ayudaba, hoy parecen convencidos de lo contrario, y de que aun están a tiempo de lavarse las manos y omitir sus culpas.
Otro que quiere lavárselas es el fiscal general Eduardo Montealegre. A este funcionario lo vimos, oímos y leímos con estupor, cuando se empeñó en sostener encarnizadamente que era mejor tener guerrilleros en el Congreso y no en el monte, echando bala, por lo que se dio a la tarea de atenuar las conductas de los terroristas negando que tuvieran condenas por delitos de lesa humanidad y argumentando que llevarlos a la cárcel era aplicarles “justicia del siglo XVIII”, por lo que propuso penas alternativas como las de hacer el trabajo de desminado en todo el país.
Pues bien, Montealegre debe estar aceptando la paliza argumental que le dio el procurador Ordóñez pues ahora ha venido a expresar que los “jefes de las Farc no podrían participar en política por sus crímenes de guerra”. Es decir, está reconociendo que a los cabecillas de las Farc no se les podría otorgar ningún tipo de tratamiento benigno pues ante la gravedad de sus crímenes, eso equivaldría a impunidad para la Corte Penal Internacional.
Es que ahí se van dando cuenta de que negociar la paz con un grupo terrorista no es como soplar y hacer botellas. Y la mejor muestra es lo que está ocurriendo en el Catatumbo. Para nadie es un secreto que esas protestas son dirigidas por las Farc y que tras las mismas hay oscuros objetivos que hacen dudar de las intenciones de firmar la paz. Allí se pretende instaurar, en plena frontera con Venezuela, una zona de reserva campesina que, por una parte, fomentaría la ya muy abundante producción de coca de la región y su extracción hacia el país vecino y, por otra, vulneraría la seguridad nacional convirtiéndose en peligrosa retaguardia por la que habría un flujo constante de armas y hombres desde y hacia un país cuyo gobierno apoya al terrorismo.
Mientras tanto, terminó, sin ningún avance, otro ciclo de diálogos en La Habana; Timochenko le envió a Santos una carta en la que tilda de vergüenza a la democracia colombiana; los negociadores de la guerrilla aseguraron que la Constituyente no es un inamovible pero expresaron la pretensión de que no haya Ejército; y las autoridades develaron que las Farc están preparando un gran paro nacional. Mejor dicho, esto se le salió de las manos a Santos como a esos niños que, por jugar con candela, terminan quemando toda la casa.
(Publicado en Periódico Debate, el 15 de julio de 2013)
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