La caída de Barrero

Según el diccionario de la Real Academia Española de la lengua, la palabra ‘mafia’ tiene, básicamente, dos acepciones: una referente al crimen (“Cualquier organización clandestina de criminales”) y otra que no tiene nada que ver con el delito ni tiene connotaciones negativas, la cual se usa para designar a cualquier “Grupo organizado que trata de defender sus intereses”. El DRAE ofrece el siguiente ejemplo: “La mafia del teatro”.

A eso tan simple es a lo que se refería el general Leonardo Barrero cuando le dijo al coronel Róbinson González del Río: “Hagan una mafia para denunciar fiscales y toda esa güevonada”. Si se traduce para adaptarlo a oídos más castos, lo que dijo fue: “Monten un grupo organizado para defender sus intereses denunciando la actuación de los fiscales”. Y ¿por qué recomendó denunciar a los fiscales? Porque hablaban de militares acusados de ‘falsos positivos’ y como hemos visto en diversos casos, ni los fiscales ni los jueces son garantía de objetividad y justicia, y dentro de la estrategia de defensa de cualquier persona —cosa que es un derecho— es perfectamente válido recusarlos.

Entonces, en las palabras del general Barrero no hay ofensa alguna. Ni está tratando a los fiscales de ser una mafia —repitamos: “una organización clandestina de criminales”— ni le está sugiriendo a su subalterno que monten una organización de ese tipo para mancillar o agredir a aquellos servidores. No, lo que le está aconsejando es emprender acciones perfectamente legales.

En gracia de discusión, hay que aceptar que el término empleado (‘mafia’) no es el más conveniente para un país que se ha visto tan golpeado por violentas organizaciones mafiosas, y que no resulta agradable escucharlo de labios del Comandante de las Fuerzas Militares, aunque se tratara de una conversación privada. Pero tampoco puede soslayarse que el país se ha vuelto extremadamente sensible a las expresiones políticamente incorrectas, dando espacio a escándalos absurdos que, a su vez, han derivado en investigaciones, sanciones y escarnio inmerecidos contra personajes cuyo único pecado ha sido irse de lengua.

No dudamos, por cierto, de que exista corrupción en el manejo de los recursos de las Fuerzas Militares y de Policía, pero estos casos vienen de siempre. Cada tanto se abre un escándalo por sobrecostos en la compra de cualquier implemento; los ha habido por botas, morrales, uniformes, kepis, sables, pistolas, fusiles, cazabombarderos, fragatas y hasta por las raciones alimenticias de los soldados. Se recuerdan casos de estafa como el perpetrado por la célebre ‘Mona’ Jaller, en los años noventa, pero los verdaderos chanchullos se esconden tras la comisión, aparentemente legal, que lleva implícita cada compra de las FF.MM. Ahí, los comisionistas posan de ser grandes señores, representantes de importantes multinacionales, como el señor Felipe Jaramillo Samper, uno de los pocos amigos de toda la vida del presidente Santos, quien es un proveedor muy versátil del Ejército, ofreciendo desde helicópteros (Bell) hasta pistolas (Sig Sauer).

Sin embargo, nada de eso es una novedad en el Estado colombiano. Según la contralora Morelli, el 42% de la contratación está concentrada en 60 firmas. Claro que el problema no es necesariamente de concentración; hay cosas más graves como la probidad de los intermediarios y el recargo en los precios. Es que hasta al más ignorante de los colombianos nos parece sospechoso y asqueante que cuando el Estado necesita una escoba no se la compre a las fábricas de escobas sino a un intermediario que siempre resulta ser la esposa, el hermano o el amigo de algún alto funcionario público. Y lo que es peor, que la escoba le cueste al Estado 100 pesos cuando en cualquier tienda vale 20 o 30. Eso ocurre en todas las entidades públicas, llámense Ejército, Congreso, Corte Suprema, Telefónica de Neiva, Gobernación del Chocó o Alcaldía de Caparrapí. Por eso, también en gracia de discusión, no se debería hablar de comisiones sino de mordidas.

Para terminar, digamos que al general Barrero no lo llamaron a calificar servicios por las supuestas chuzadas ilegales de la Operación Andrómeda —que no existieron y que en realidad resultó ser un rastreo lícito— ni por corrupción en contratos de la institución. Tampoco por aconsejar cómo defenderse, usando ‘malas palabras’. El motivo de su salida hay que buscarlo río arriba y es el mismo por el cual la revista Semana, dirigida por el sobrino del Ejecutivo e hijo del gestor del entuerto de La Habana, se ha venido lanza en ristre contra el Ejército.

Todo indica que el proceso de negociación Farc-Santos ha despertado graves desconfianzas en el estamento castrense por la sospecha de que se trama el adelgazamiento de las Fuerzas, la inclusión de los guerrilleros como una guardia nacional y la prohibición de que las armas tradicionales (Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Policía) hagan presencia en ciertas áreas como las zonas de reserva campesina o donde haya cultivos ilícitos, entre otras lindezas.

Es obvio que el Gobierno lo niega todo y así lo reiteró Juan Manuel Santos el pasado 3 de febrero, en una inusitada visita al Ministerio de Defensa. Ese día, el general Barrero ‘agradeció’ al Primer Mandatario por afirmar que «ningún tema de las Fuerzas Armadas se discute en La Habana». Pero el tono, la modulación y hasta la expresión facial dejaban una sensación de que, más que un reconocimiento, el General estaba entregando un mensaje de advertencia que daba cuenta de la incomodidad que hay entre los militares. En realidad, eso es lo que le cobraron, y la purga será extensiva a todos los que se atrevan a cuestionar la negociación con las Farc.

(Publicado en Periódico Debate, el 24 de febrero de 2014)