La consulta anticorrupción nació muerta

Hace 15 años se frustró un referendo al que un novel y popularísimo presidente Uribe le metió poncho, carriel y sombrero. Cómo sería que hasta asistió a realities de televisión para contestar preguntas de los participantes y se sometió a maratónicas amanecidas en varios medios, respondiendo las llamadas de los colombianos.

Pero, con la intención de propinarle una derrota política y evitar que adquiriera más poder del mucho que ya tenía, ese referendo fue víctima de la misma guerra sucia –aunque en ese entonces no había redes sociales– de la que se quejan los promotores y partidarios de la consulta anticorrupción que se realizará el próximo domingo.

Al del 2003 se le llamó ‘Referendo contra la corrupción y la politiquería’, y buscaba transparencia en la política, fortalecimiento de los partidos, austeridad estatal y un reordenamiento del gasto público hacia lo social. Sin embargo, los críticos decían que sus propuestas eran inocuas, sin mucho fondo, y que, en su mayoría, ya existían en la Constitución o en la legislación colombiana. Críticas como las que se escuchan hoy.

Ese referendo murió cuando el Partido Liberal y el Polo Democrático llamaron a sus huestes a la abstención con el fin de no prestarse a que las 15 preguntas superaran el umbral. La abanderada de esa estrategia fue la senadora Piedad Córdoba, quien entendió que esa consulta no tenía buen pronóstico y el umbral del 25 por ciento (6,2 millones de electores en ese momento) era un obstáculo insalvable, y tuvo razón.

Desde entonces ha corrido mucha agua bajo el puente, pero parece que hemos pedaleado en una bicicleta estática: la consulta del domingo está muerta por similares motivos. Para muchos, que la abanderada de la consulta sea Claudia López es un impedimento para votarla porque no quieren alimentar su candidatura a la alcaldía de Bogotá. Para los más versados, los siete puntos son propuestas inanes, y no se pueden tramitar vía consulta popular porque implican modificaciones de la Constitución o ya están incluidas en el ordenamiento legal. Luego ¿para qué botar 300.000 millones en ese embeleco?

Como si fuera poco, la consulta popular requiere superar un severo umbral de la tercera parte del censo electoral: más de 12 millones de votos. Por eso, el presidente Santos rebajó el umbral de su desacatado plebiscito del 50 % al 13 %, con el propósito de aniquilar la estrategia del abstencionismo y obligar a los del No a ir a las urnas. Esa vez, con toda la maquinaria propagandística del Estado funcionado a todo vapor, solo votaron 13.066.047 personas, casi lo mismo que necesita la consulta anticorrupción, que apenas es promovida por tres gatos. Así, los mecanismos de participación están condenados al fracaso.

Todo esto hace prever que la consulta del domingo va a hundirse estruendosamente, pues, aunque todos estamos contra la corrupción –contra la grande, por lo menos–, la gente está cansada de votaciones, de la gritona Claudia López (por lo que tuvo que poner a su pareja, doña Angélica, a jalar el lote) y de que la gran cantidad de leyes que tenemos, que son más que suficientes, no se cumplan ni se hagan cumplir.

La corrupción es menor donde la justicia es neutral (ciega) e igual para todos, sin discriminaciones ni privilegios; o sea, donde ni un expresidente se puede saltar una clara norma de la Constitución Nacional (Art. 196) que le prohíbe salir del país sin permiso previo del Senado. Si no hay quién haga cumplir algo tan simple, ¿qué esperanzas?

Al margen… ¿Que la ministra de Justicia quiere descongestionar las cárceles liberando bandidos? ¿Más de lo mismo? ¿Y lo que se pregonó en campaña de que ‘el que la hace la paga’?

(Publicado en el periódico El Tiempo, el 21 de agosto de 2018).