Mano dura con los corruptos

No sé de dónde sacan algunos que Andrés Manuel López Obrador es un izquierdista pragmático y no un extremista revolucionario. Lo cierto es que AMLO es un admirador de la dictadura castrista, y su triunfo fue aplaudido y celebrado por la dictadura venezolana. Bien dice la expresidenta de Costa Rica Laura Chinchilla que su logro no se debió a la aprobación de una ideología, sino a la exigencia de un cambio; un deseo desesperado por la profunda corrupción del PAN y el PRI, y por la incontenible oleada de violencia que ha ‘colombianizado’ a México, donde cuentan 200.000 homicidios en lo que va del siglo.

Cosa similar fue lo que ocurrió en Venezuela hace casi 20 años, cuando Chávez ganó por el descontento de las gentes con los partidos tradicionales de la Acción Democrática y el Copei. Son saltos al vacío que se dan a menudo, sin considerar las posibilidades reales de que el cambio sea lo esperado y no un descalabro sin final, como en el país vecino. Por lo pronto, AMLO se dedica a tranquilizar los mercados financieros prometiendo –como si aún estuviera en campaña– que no hará expropiaciones, mantendrá la disciplina fiscal y respetará la autonomía del banco emisor. Petro podría prestarle su dodecálogo de mármol para que lo ponga en su despacho del Palacio Nacional.

Y es que el combate de la corrupción puede ser más un caballito de batalla para alebrestar a la gente, acicateando la inconformidad y esa artificiosa indignación que se manifiesta en las redes sociales, que un verdadero propósito de enmienda que canalice adecuadamente los recursos de todos. Ese oportunismo es muy visible en la consulta que promueven Claudia López y Angélica Lozano para ganar notoriedad como plataforma de lanzamiento a la alcaldía de Bogotá. Personas muy disímiles se han manifestado en contra de ese adefesio no solo por su costo estrambótico de 300.000 millones de pesos, sino porque varios temas ya están en la legislación, otros tendrían que pasar por el Congreso para aprobarse y algunos no tienen nada que ver con el combate a la corrupción. Eso sin hablar de lo difícil que será llevar a votar a 12 millones de personas una consulta de siete preguntas.

Es que la mejor forma de combatir la corrupción es despolitizando la justicia y dotándola de dientes para que castigue a los corruptos, a quienes lo que más les duele –como a los narcos– es que les quiten su dinero. No puede ser que un antiguo latinajo tenga perfecta vigencia en la Colombia de hoy: Parvus pendetur fur, magnus abire videtur, o sea: ‘El pequeño ladrón es ahorcado, el grande parece escapar al castigo’.

Mientras no haya penas duras con condenas efectivas, rastreo de bienes con extinción de dominio en el interior y en el exterior, y persecución y castigo a los testaferros y a quienes disfruten de esas fortunas mal habidas, será imposible contener y exterminar este cáncer. Y se necesitará mucha voluntad política para erradicar prácticas nocivas cuyo control va mucho más allá del uso de contratos-tipo, que en la práctica no van a solucionar nada.

El Estado despilfarra millonadas en cosas que no se necesitan, que no mejoran la vida de la gente. Es tan grave robar de frente, como cuando se cotizan tamales a 30.000 pesos en la alimentación escolar, como hacerlo veladamente mediante la contratitis de la que vive mucha gente bien conectada. A ningún amigo se le niega un contrato de cualquier cosa, así sea de bienes intangibles que son puro humo. Recuérdese a frau Springer o al señor Mockus, a quien le perdonaron sus inhabilidades, por ser contratista, para estar en el Senado. La ley es para los de ruana; para el resto, ‘todo vale’. Por eso en México se le tiraron al tren.

(Publicado en el periódico El Tiempo, el 10 de julio de 2018).