Cuando Álvaro Uribe lanzó su candidatura al Senado muchos manifestaron que el expresidente perdería la inmunidad que lo cobija en sus actuaciones como Jefe de Estado, quedando a merced de la Corte Suprema de Justicia sin que los cargos en su contra pasaran por el cedazo de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
Obviamente, eso no era cierto, pero sí que podía quedar expuesto a que le revivieran temas de su época de gobernador de Antioquia, o le fraguaran asuntos posteriores a su presidencia, para golpear su poder político, como acaba de ocurrir. La nefasta Corte Suprema es enemiga declarada de Álvaro Uribe desde mucho antes de las supuestas chuzadas, concretamente desde que el entonces presidente se mostró a favor de la Corte Constitucional como órgano de cierre de las sentencias de tutela, lo que en la Suprema fue visto con celos como el ‘pago’ por la aprobación de la reelección presidencial.
Es lógico que de aquella época ya no queden magistrados, pero varios de los actuales fueron magistrados auxiliares de los titulares que se oponían a Uribe con tal insidia que más parecía que se tratara de políticos y no de jueces. Algunos de esos magistrados tenían relaciones cercanas con mafiosos, como Giorgio Sale, y con personajes de dudosa reputación que les organizaban paseos en vuelos chárter, y con todos los gastos pagos, a sitios como Neiva o Santa Marta.
Había magistrados que justificaban pasarse por encima de la ley y la jurisprudencia con el cuento de que estábamos “en el siglo de los jueces”, lo que significaba que la justicia dependía de las interpretaciones amañadas que decidieran a su real saber y entender. Otros compartían asados con personajes de extrema izquierda como el mismísimo Iván Cepeda Castro, tomaban trago con testigos y en las plenarias decían que había que tumbar a Uribe como fuera.
Esa alta corte se fue con toda contra la parapolítica validando cualquier denuncia y cometiendo errores que llevaron a prisión a muchos inocentes, pero hicieron ojos ciegos a la farcpolítica, fenómeno por el que nadie fue condenado y apenas hubo amagues de investigación. De hecho, la Corte Suprema de Justicia descartó la validez jurídica de los computadores del bandido Raúl Reyes, a pesar de que su autenticidad fue validada por los expertos de Interpol, en tanto que dio credibilidad absoluta al computador del paramilitar Jorge 40, como si se tratara de un oráculo.
Esa misma corte, como ha venido a destaparse, es un antro de corrupción que vende sentencias a costos multimillonarios. Y así como vende absoluciones, también vende condenas, sobre todo si estas van en la misma línea de las creencias políticas de quienes investigan y dictan el veredicto.
Por ello, no podría decirse que la investigación contra el senador Cepeda se haya cerrado a cambio de dinero. Por supuesto que no. Es peor, es asunto de ideología. Era de esperarse que la acusación a Cepeda no prosperara como no lo hace ninguna acusación ni sanción contra los siempre indemnes cabecillas de la extrema izquierda, pero esta vez la corte fue más allá al encontrar la oportunidad de encausar a un enemigo común como es el expresidente Álvaro Uribe.
Para muchos, esta acusación no tiene otro objeto que aprovechar el momento electoral, con el fin de golpear la votación del Centro Democrático en las elecciones parlamentarias y del candidato uribista —cualquiera que sea— en las presidenciales. Pero hay que ser muy ingenuo para creer que se van a contentar con eso.
Para el castrochavismo, que avanza a zancadas en Colombia, meter preso a Uribe es un objetivo primordial. No lo quieren matar porque lo convertirían en mártir; lo quieren destruir moralmente para que con él se derrumben los valores democráticos que representa y que han contenido al comunismo en este país y en la región.
Sin prueba alguna, pasó de acusador a acusado; ahora es Uribe el de los testigos falsos. Pero esa es una nimiedad. Lo que le pretenden achacar es la creación del Bloque Metro de las Autodefensas para encarcelarlo de por vida con ese cuento. ¿Acaso no ven que están jugando con candela?
(Publicado en el periódico El Mundo, el 27 de febrero de 2018).
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