Ni la vajilla ni los besos de negra constituyen verdaderos casos de corrupción. No nos engañemos, eso no es nada frente a los grandes desfalcos del erario.
Los escandalos suscitados en la Policía de Medellín y en las Empresas Públicas de esa misma ciudad no constituyen hechos excepcionales ni son las peores muestras de la corrupción enquistada en todas nuestras instituciones. Una vajilla de 100 millones, un tapete persa de 45, unos cuadros de Botero arrendados para adornar una oficina o cerca de 300 millones dilapidados en regalos y atenciones no son, ni mucho menos, el grueso de la corrupción administrativa de nuestro empobrecido país.
No vamos muy lejos. Al alcalde de Medellín, Luis Pérez Gutiérrez, superior inmediato de la ex gerente de EPM, le dicen ‘Luis XV’, pero no en alusión a la dinastía monárquica francesa sino porque, según las ‘malas’ lenguas, el alcalde se apropia del 15 por ciento de casi todos los contratos del municipio que regenta. Eso es un secreto a voces: 15 por ciento. Por supuesto que de eso no hay pruebas y, por tanto, decirlo no parece ser más que una vil calumnia. Los políticos corruptos de este país —que no son pocos— no son tan estúpidos como Edith Cecilia Urrego —la ex gerente de EPM—, que manchó toda su (posible) futura carrera política por creerse la Reina de Inglaterra, ni como el general (r) Leonardo Gallego, tan aplaudido y admirado por la ciudadanía de Medellín por la labor desempeñada en contra de los delincuentes pero tan torpe para arañar el presupuesto.
Lo que pasó en la Policía de Medellín no son hechos de corrupción que puedan siquiera compararse con Foncolpuertos o Dragacol. Hasta Royne Chávez, ex jefe de seguridad de Andrés Pastrana, se robó muchísimo más que eso. Tampoco es una situación tan grave como la devolución de toneladas de cocaína incautada a los traficantes o como el robo descubierto hace poco con el falso suministro de combustible a radiopatrullas fuera de servicio. Lo de Medellín no pasa de ser un censurable caso de despilfarro, grave y descarado. Sin embargo, sólo un tonto trataría de enriquecerse comprando bolígrafos de marca, besos de negra, cristos de porcelana o comiendo a la carta y llevando serenatas.
Claro que a nadie le consta que a tantos regalos y atenciones no se les haya obtenido beneficios económicos de alguna manera. El ejemplo perfecto es el caso de la vajilla pues no se entiende por qué fue comprada en un almacén (Vulcano) que no vende vajillas de ninguna naturaleza y que, para más señas, es propiedad de un pariente de la directora de la Fundación EPM, entidad que maneja miles de millones de las Empresas Públicas de Medellín, sin ningún control, y que se creó para evadir la prohibición de Ley para que las compañías estatales no destinen recursos a actividades ajenas a su negocio.
Precisamente, la Fundación EPM está en la mira de los entes de control por la forma indecorosa en la que viene gastando recursos en obras suntuarias y toda clase de gastos innecesarios. La nueva ocurrencia de esta Fundación (tras la que se oculta el solapado alcalde Pérez Gutiérrez) es la construcción de un ‘mariposario’ por valor de cinco mil millones de pesos cuando el zoológico y la perrera municipal —si de lo que se trata es de botar plata en animales— viven casi de limosna. También el jardín botánico subsiste de milagro y ha sido víctima del corte de servicios públicos —igual que otros 60 mil usuarios de la ciudad— por no tener recursos para pagar la factura de EPM.
Pero lo que hace más grave todo este derroche es que se produce en medio de una pobreza generalizada, en una ciudad donde el empleo industrial se fue a pique desde finales de la década pasada y ahora tiene un altísimo porcentaje de su población viviendo del rebusque y la delincuencia. Además, porque el país atraviesa una difícil situación económica que no le permite invertir suficientes recursos en lo social, para aliviar la pobreza extrema de muchos compatriotas.
A menudo se queja la institución policial de carecer de recursos adecuados que faciliten su lucha contra la delincuencia, no pocas veces han manifestado que no hay presupuesto para el combustible o para reparar las radiopatrullas. Por eso, no es justificable esta prodigalidad de gastos que en nada contribuyen con su misión. De igual manera, si a las Empresas Públicas de Medellín les está sobrando tanto dinero, entonces que rebajen las cuentas o lo reembolsen a los usuarios. No se puede compartir la teoría de que las EPM redistribuyen sus cuantiosas ganancias haciendo parques o esculturas, esa es una posición muy cínica frente a casi dos millones de antioqueños, de 80 municipios, que no tienen agua potable.
Queda algo bueno de todo esto: la destitución de un general que no vio el delito en sus propias narices, la renuncia de una embaucadora descarada —títere del verdadero ladrón— en un país poco acostumbrado a las renuncias y la creciente indignación de una ciudadanía que se muestra dispuesta a cerrar filas en contra de los corruptos. Lo malo es que los verdaderos ladrones de cuello blanco no comen besos de negra ni dejan sus huellas en el plato.
