Un ex congresista SUPLENTE exigió nivelar sus mesadas hasta 14 millones de pesos y le tuvieron que girar 568 millones de tacada como pago retroactivo.
El tema de las altas pensiones en Colombia es aburridor y repugnante. Aburridor porque no pasan muchos días antes de conocerse nuevos hechos de corrupción e inequidad pero, por más que se habla del asunto, nada se corrige. Y repugnante porque cada capítulo es más ruin que el anterior. Recapitulemos: tenemos 3 millones de personas mayores de 60 años, o sea en edad de recibir pensión. Sin embargo, sólo acceden a ella algo más de 900 mil: 500 mil del Seguro Social, 400 mil de la Nación y unos 15 mil de los fondos privados de pensiones que ya tienen ahorritos por 21 billones de pesos. Al Estado, en cambio, le toca sacar 14 billones de nuestros impuestos para subsanar el desfonde del Seguro (3 billones) y pagar a sus 400 mil ex trabajadores (11 billones).
Pero aparte de que dos millones de viejitos viven de milagro o de limosna, arrimados entre sus familiares o trabajando a edades avanzadas para malcomer —en un esfuerzo por subsistir—, entre los que sí reciben pensión hay una abismal diferencia de ingresos. Más del 90% de los pensionados gana menos de 2 salarios mínimos y el 10% restante reciben lo mismo que el 50% de los pensionados más pobres. El caso más aberrante sigue siendo el de los pensionados del Congreso de la República, que son cerca de 800, todos con pensiones que sobrepasan los 30 salarios mínimos mensuales y que pueden ir hasta el doble.
Un esperado fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca acaba de imponer un drástico recorte a las pensiones de seis ex parlamentarios con lo que se ahorrarán mil millones al año; es decir, lo que perciben en un año, 214 colombianos de salario mínimo. Aún se esperan otros 45 fallos en el mismo sentido pero hay razones para presumir que ello no prospere y que los seis afectados ganen la apelación. Entre ellos se encuentran Leovigildo Gutiérrez Puentes, quien perdió su investidura en 1994 pero no perdió el derecho a una pensión onerosa de trece millones mensuales, y Jorge Tadeo Lozano, preso por ladrón pero pensionado por el Congreso donde, presumiblemente, cometió el ilícito.
No obstante, mientras a estos se les trata de meter en cintura, jueces inicuos le han aumentado la pensión a siete ex congresistas por medio de la tan aplaudida —por algunos— ‘acción de tutela’. El ex congresista SUPLENTE Jaime Beltrán Ospitia, exigió una nivelación del 75% para estacionar sus mesadas en la nada despreciable suma de 14 millones de pesos (35 salarios mínimos). Pero, como si eso fuera poco, le tuvieron que girar 568 millones de tacada como reembolso pues su ajuste fue retroactivo.
Bien se sabe que en época electoral los políticos esbozan toda su demagogia y manifiestan de labios para afuera la necesidad de poner coto a esta absurdo, pero otra cosa sucede en el Legislativo cuando se impulsan los respectivos proyectos de ley. Una de las propuestas de siempre es eliminar el carrusel en el Congreso, fenómeno que consiste en cederle la curul a los suplentes por unos pocos días para que tengan ‘derecho’ a las jubilaciones millonarias. Desde la instalación del actual Congreso, el 20 de julio de 2002, hasta la fecha, se han posesionado más de 150 suplentes de 266 miembros que tienen ambas cámaras. La semana anterior, la Comisión Séptima de la Cámara hundió el proyecto con una votación que habla por sí sola: 18 a 1. Para eso no hubo que repartir puestos ni pedir quórum como tampoco para la ley que permitirá a los congresistas ser ministros o embajadores. La Constitución lo prohíbe pero el proyecto va viento en popa porque la clase política legisla en su propio beneficio.
El único que votó a favor, el uribista Carlos Ignacio Cuervo, logró que la plenaria de la Cámara reviva la discusión prolongando la agonía de una decisión que está tomada. A su vez, el representante Telésforo Pedraza propone que lo mínimo para jubilarse por el Congreso sean ocho años como miembro activo, una medida muy exigente que nadie va a aprobar porque todos (incluyendo suplentes, por supuesto, y hasta la izquierda) tienen su mayor interés en los cargos burocráticos, los viajes con sus viáticos, los contratos y las dietas parlamentarias (sueldos y pensiones), por eso se relamen de la dicha con la suerte de Beltrán Ospitia.
Se necesitarían casi 5 billones de pesos adicionales cada año para darle un subsidio de medio salario mínimo mensual a los dos millones de viejos que no reciben pensión y subsisten con una taza de aguapanela, pero el Congreso insiste en seguir cavando su propia tumba y la de todos los colombianos.
