El presidente Álvaro Uribe Vélez tiene el 77 por ciento de popularidad según la más reciente encuesta. Eso no quiere decir que todo sea bueno y, de hecho, no parece saludable fomentar el culto a la personalidad del Primer Mandatario, aunque tampoco es un pecado reconocer su dimensión de estadista. No obstante, si a buena parte de ese 23 por ciento restante les parece un demonio neoliberal, ultraderechista y autoritario, es porque la debilidad de su gestión está en lo social, si bien el obstáculo es la inviabilidad fiscal del Estado —la bancarrota, si se prefiere—, que lo exime en gran parte de los magros resultados.

Pues bien, para solucionar el déficit fiscal Uribe toma decisiones impopulares como la de poner más impuestos que a menudo nutren la corrupción y el desgreño; que engrosan el bolsillo de los funcionarios corruptos o se malgastan en vajillas y regalos. Si la teoría de que los impuestos mejoran la calidad de vida de los menos favorecidos se materializara en Colombia, no habría problema, la gente los pagaría con gusto siempre que se cumpliera otra condición: la progresividad del gravamen; es decir, que a mayor capacidad económica haya mayores obligaciones contributivas, cosa que tampoco se da en nuestro país.

El Iva, por ejemplo, es un impuesto regresivo:  quien gana una pensión de un salario mínimo paga el mismo Iva por una gaseosa que Julio Mario Santodomingo. Dirán que no es lo mismo porque el primero apenas se gasta los pocos pesos que gana y su aporte en impuestos es insignificante mientras que don Julio gasta a manos llenas, siendo su aporte muy visible. El caso es que el asalariado necesita esos pocos pesos para mejorar su calidad de vida mientras que para Santodomingo es como quitarle un pelo a un gato.

Por eso ha habido tanta resistencia al Iva del dos por ciento que el presidente quiere aplicarle a todos los productos que hoy están exentos, incluyendo los de la canasta familiar. Dice Uribe que se compromete a que estos recursos sean reinvertidos en lo social, en educación y atención en salud de la gente más pobre, pero esta sola estrategia termina siendo como pasar plata de un bolsillo a otro, redistribuyendo la pobreza, y eso, acaso, si su promesa la cumplen los funcionarios de rango medio que suelen embolsillarse o despilfarrar esos dineritos.

El presidente le ha metido el hombro a la reestructuración del Estado por varios frentes: eliminó embajadas que no tenían sentido, fusionó varios ministerios y entidades descentralizadas, liquidó a Telecom, reestructuró el Instituto del Seguro Social (Iss) y tiene en la mira otros ámbitos que también están plagados de privilegios, corrupción e ineficiencia. Incluso, en lo pensional se han hecho intentos fallidos por limitar las altas pensiones oficiales —propuesta que se hundió en el referendo—, eliminar los regímenes especiales y poner un impuesto a las pensiones como lo hizo en Brasil el mismísimo Lula, a pesar de ser comunista y sindicalista. La propuesta del Gobierno sólo cobijaba impuesto para las pensiones superiores a seis salarios mínimos, o sea que no era para ningún pobre pues el 80 por ciento de los pensionados devenga un salario mínimo, como tampoco era contra los pobres el límite pensional de 25 salarios mínimos mensuales que proponía el referendo.

Ahora, como el Congreso colombiano se ha empecinado en obstaculizar todas las iniciativas del Ejecutivo encaminadas a hacer viable el sistema pensional que entrará en colapso a mediados de este año, no ha quedado otro camino que el de eliminar el llamado régimen de ‘prima media’, en detrimento de los asalariados más pobres para quienes es prácticamente imposible vincularse a un fondo privado de pensiones en la modalidad de ahorro individual. Con su acostumbrada franqueza, el presidente reconoce que es una medida impopular que sus asesores le recomendaron desechar para no afectar el tema de la reelección, pero él asegura que no está pensando en encuestas sino en necesidades.

Sin embargo, hay que decirle al presidente que es una necesidad mantener este régimen de solidaridad para quienes ganan uno o dos mínimos, o un poco más porque las aberraciones que han hecho poco práctico este sistema siguen estando en las pensiones más altas y dada la pobreza del 70 por ciento de los colombianos esta medida, a la larga, será más costosa que el faltante que se pretende subsanar. Recuérdese que los ingresos de los más pobres no se destinan a bienes suntuarios importados sino a papa y yuca. Basta verse que en 2003 mientras la economía creció cuatro por ciento, el consumo en lo hogares sólo subió 2,39 por ciento; y el consumo de alimentos tuvo un crecimiento de apenas uno por ciento, un poco más de la mitad del crecimiento de la población, que es muy cercano al dos. Luego, la gente está comiendo menos y no por cuestión de vanidad.

Eliminar el régimen pensional de prima media afectará los índices de consumo aún más. No hay que olvidar que gran parte de la crisis económica de los últimos años fue atenuada por las pensiones de los viejos, quienes terminaron sosteniendo a sus hijos desempleados y a los hijos de éstos. La pensión del Iss ha sido oportuna y esencial, si eliminan sus ventajas —la ‘prima media’— para los asalariados de menores ingresos, dentro de veinte años habrá un ejército de mendigos de pelo blanco tan grande que ningún programa de subsidios será suficiente para auxiliarlos.

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Posted by Saúl Hernández

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