Por Diego Fernando Gómez
El país anda sumido en un simpático alborozo por la celebración de los quince años de la "Constitución del 91". ¿De dónde tanta alegría si estos tres lustros han sido particularmente difíciles para nuestra sociedad? Quizás sea por las mismas razones por las que resultamos en las encuestas siendo uno de los países más felices del mundo, a la vez que estamos entre los más violentos, pobres e inequitativos.
El reparo fundamental a la Constitución del 91 es su concepción del Estado, el individuo y la sociedad que alberga implícitamente. Supone un individuo al que el Estado y la sociedad le deben todo y por lo tanto tiene que garantizarles sus derechos. La sociedad entonces gira en torno a un Estado que debe ser capaz de garantizar no sólo la libertad sino la ecuación, la salud y lo necesario para el "libre desarrollo de la personalidad". El resultado es una constitución garantista, de "estado social de derecho" que requiere de un Estado "mágico" capaz de arbitrar recursos para todo lo que le obliga la Carta constitucional bajo la amenaza de cárcel vía tutela si no cumple con estos mandatos.
Esta línea de concepción nace en los estados feudales, sigue en las monarquías, se refina en la revolución francesa y se consolida en el proyecto de estado bismarquiano. Pero otra concepción de individuo, Estado y sociedad radicalmente opuesta es posible, ¿Por qué no concebir la sociedad desde un individuo comprometido con su comunidad y consciente de sus deberes sociales? Una versión simple de esta idea la expresó John F. Kennedy el 20 de enero de 1961, en su discurso de toma de posesión presidencial: "Pregúntense, no lo que su país puede hacer por ustedes, sino lo que ustedes pueden hacer por su país".
En la Constitución aparece la palabra "derechos" 78 veces y sólo 15 la palabra deberes. De éstas, 10 veces de manera general, tres como deberes de la persona con su familia, una como deberes del Estado y sólo una vez en el Artículo 95 de la Constitución en donde se expresan los deberes de la persona y del ciudadano que son básicamente el respeto a los ciudadanos, la participación democrática y el apoyo al Estado. Allí no están enunciados los deberes de los ciudadanos de: el trabajo, servir a la comunidad y a la nación, adquirir instrucción y los deberes ante la sociedad. Todos estos deberes están siendo discutidos desde los socialistas teóricos del siglo diecinueve y están consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana en Bogotá en 1948.
Desde la teoría del desarrollo esta diferencia lo hace todo. Los casos de los llamados milagros del desarrollo se han dado cuando las guerras, las realidades o las crisis han roto el mito del Estado asistencialista y es la sociedad la que tiene que reconstruirse desde el compromiso de toda su población. Es el caso de países como Japón, Alemania, el resto de la Europa de la posguerra. Nuestra Constitución pudo haber sido el consenso central del desarrollo como lo fue el pacto de la Moncloa en España, o el pacto social irlandés de principios de la década de los ochenta, o el libro blanco de Park en Corea, o la declaración de desarrollo de Lee en Singapur. Aquí nada de eso si no todo lo contrario. Incluso Colombia 2019 más parece un manual del buen asistencialista que la construcción de un consenso social sobre el desarrollo.
Otro reparo de fondo está en el constructo ético en el que se generó la constitución y la cuestiona de manera severa. También fue fruto de un país "mágico" que quería eliminar la extradición, que se dio el desacierto de poner presidente tres años después y todavía sigue armando leyes.
Creemos que tenemos una gran Constitución porque tiene tutela, acciones populares, referendo… Estamos muy equivocados, esos son instrumentos legales que simplemente por higiene jurídica los necesitábamos. No tenemos ni un país más justo, ni más próspero, ni más estable, ni con mayor seguridad jurídica, todo lo contrario. La Corte Constitucional resultó ser un engendro profundamente antidemocrático en el que la arrogancia de 9 cooptados puede más que todos los estamentos elegidos democráticamente.
Pasamos de un país no populista a uno con una constitución populista. La responsabilidad de la Constitución en la crisis de 1999 es directa por los profundos desbalances fiscales e institucionales que generó. El país sigue con un severo desajuste que no ha logrado resolver.
Ni siquiera pensemos en cambiarla, tal vez nos quede peor, sólo cuando transformemos profundamente nuestros constructos y visiones del desarrollo y la equidad seremos capaces de hacer una constitución en donde consten nuestros compromisos como ciudadanos para hacer de ésta una sociedad justa e incluyente.
