gpetroGustavo Petro Urrego, terrorista del M-19, ha sido justamente destituido de su cargo como alcalde de Bogotá por el procurador general Alejandro Ordóñez, quien ha sancionado, destituido e inhabilitado a centenares de funcionarios de todos los niveles del Estado en razón a que es una de sus funciones, como está contemplado en la Constitución Nacional de 1991, escrita por y para darles gusto, precisamente, a los guerrilleros del M-19 que recién se habían desmovilizado.

No obstante, solo ahora vienen algunos a quejarse de los poderes omnímodos del Procurador General y a controvertir el hecho de que un funcionario ‘administrativo’ pueda destituir a quienes son elegidos por votación popular. Digámoslo claramente: lo que se pretende es que los líderes de izquierda sean intocables, que tengan inmunidad absoluta ante la ley y los organismos de control para poder ejecutar las transformaciones que se les venga en gana como lo han hecho en los países del Alba o como lo quiso hacer Mel Zelaya, en Honduras, cuando pretendió habilitar su reelección violando normas pétreas.

Pero nadie salió a rasgarse las vestiduras cuando este mismo Procurador le dio fin a la carrera política de Andrés Felipe Arias, dictándole una inhabilidad de 16 años por un caso en el que no solo no hubo corrupción, como se demostró, sino que tampoco hubo detrimento patrimonial pues fue recuperado hasta el último centavo de lo que habían recibido las familias que abusaron del programa Agro Ingreso Seguro.

Se argüirá que el caso es distinto por no tratarse de un funcionario de elección popular, pero tampoco nadie salió a rasgarse las vestiduras por casos como el de Juan Carlos Abadía, gobernador del Valle del Cauca —el tercer departamento más importante del país—, a quien el procurador Ordóñez destituyó e inhabilitó por 10 años a raíz una simple reunión con 21 alcaldes de ese departamento que fue considerada como un acto político debido a la presencia de Andrés Felipe Arias, que para entonces era precandidato presidencial del conservatismo.

Y es que el supuesto sesgo político de las decisiones del Procurador se cae de su propio peso con las siguientes cifras: en los últimos 10 años, la Procuraduría ha destituido a 791 funcionarios elegidos por votación popular, entre congresistas, alcaldes y gobernadores de todo el país. De ellos, 460 corresponden a cinco años (2004-2008) de los ocho en que ejerció Edgardo Maya Villazón y los 331 restantes a los cinco años que lleva en el cargo el señor Ordóñez. Pero, hay más: por lo menos el 80% de los destituidos por Ordóñez se pueden ubicar a la derecha del espectro político y solo el 5% en la izquierda, y en varios procesos este procurador ha exonerado a las más epónimas figuras de la izquierda como Antonio Navarro Wolff, Jorge Enrique Robledo y Luis Carlos Avellaneda, entre otros, lo que demuestra que cualquier supuesta persecución, no existe. De hecho, tiene más razones para quejarse el exministro Arias, en cuyo caso no pocos interpretaron que podría tratarse de una decisión arbitraria de Ordóñez Maldonado para sacar del camino a un rival presidenciable dentro de las filas del Partido Conservador.

El hecho incontrovertible es que no hubo un tal golpe de Estado en la decisión contra Petro. Que el Procurador es demasiado severo, talvez. Que la inhabilidad impuesta es exagerada, probablemente. Que no parece muy democrático que una sola persona ostente tanto poder, sin duda. Pero es que todos esos que practican el relativismo moral olvidan que la Corte Suprema de Justicia condenó a decenas de políticos por supuestas relaciones con paramilitares sin derecho a doble instancia. Y que en este caso sí puede hablarse de persecución pues mientras los computadores de los ‘paras’ han sido pruebas reina en la parapolítica, a los de las Farc se les ha desconocido su valor probatorio en la farcpolítica. Mientras cualquier testimonio de paramilitares es aceptado como prueba contra algún político, los testimonios de exguerrilleros, acusando a políticos de tener relaciones con la subversión, han sido ignorados.

No puede pasarse por alto que muchos de los llamados ‘parapolíticos’ han recobrado la libertad al demostrar su inocencia, y ningún escándalo se ha hecho por el atropello de que han sido víctimas, lo que contrasta con la reacción de la izquierda y el chantaje que nos hacen los terroristas sobre mantener la guerra si no nos plegamos a sus pretensiones. Petro había advertido que su destitución sería equiparable al robo de las elecciones que sufrió Rojas Pinilla en 1970 y que dio surgimiento al M-19; como quien dice, que su destitución sería causa para alzarse en armas otra vez.

Con los terroristas hay dos alternativas: o se les explica que en democracia la ley es para todos o se los combate. De no hacer ni lo uno ni lo otro, oscuro destino nos espera.

(Publicado en el periódico Debate, el 15 de diciembre de 2013)

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Posted by Saúl Hernández

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