La restauración

A escasas horas del cambio de gobierno sería insensato ya señalar las falencias de una administración—y un presidente, Pastrana— que no pasarán a la historia si ésta pretende perpetuar sólo aquello que sea digno de recordación. Lo más sano es cerrar filas en torno del nuevo gobierno y echar al olvido las tristezas y penurias de los últimos cuatro años, que sumados al cuatrienio anterior —el de Samper—, nos han llevado a un estado de cosas que hace una década no muchos imaginaban.

El nuevo Gobierno llega con aires de renovación, bríos insospechados y una legitimidad de la que carecieron los gobiernos anteriores. En efecto, mirando en retrospectiva, vemos que César Gaviria heredó las banderas del inmolado Luis Carlos Galán, pero no desarrolló el programa de gobierno de éste sino uno suyo muy particular, dando la bienvenida al futuro que hoy padecemos. Ernesto Samper, por su parte, si nos atenemos a que es aceptada la tesis de que su campaña recibió dineros del narcotráfico y que sí sabía, también careció de legitimidad y la poca que tenía se la jugó como equilibrista en la cuerda floja del poder. En otras latitudes la renuncia habría sido inevitable para dar paso a un gobierno legítimo, pleno de capital político y autoridad moral. Como si no fuera suficiente, Andrés Pastrana llegó a la presidencia por dos razones ilusorias: ser el lado opuesto de lo que representó Ernesto Samper y el proceso 8000, el adalid de la moral y las buenas costumbres; y ser el hombre clave para alcanzar la paz de Colombia. No hay que olvidar la foto que alimentó el sueño de la paz, donde aparecía Víctor G. Ricardo, asesor de Pastrana, con Manuel Marulanda, exhibiendo éste, en su muñeca, un reloj de la campaña Andrés Presidente.

Estos mandatos se pueden calificar de ilegítimos por varias razones. Una es que todos ellos representaban a los partidos políticos tradicionales, sumidos ambos en la corrupción y culpables de nuestras desgracias, lo cual excluye toda legitimidad. El régimen político que se practica, lleno de prebendas, es espurio. La repartición del Estado entre liberales y conservadores es impúdica y, por tanto, ningún representante oficial de los partidos puede ser un gobernante legítimo. De ahí que ninguno haya podido hacer reformas de fondo, ni siquiera Gaviria con la Constitución del 91 que gigantizó el Estado y lo sacó de control.

La deslegitimación de los partidos obligó a Álvaro Uribe Vélez a lanzar una candidatura independiente que luego fue apoyada por oportunistas de profesión que no aportaron votos y, por el contrario, puede que le hayan restado. Aunque parezca exagerado decirlo, Uribe se convierte en el primer presidente legítimo en los últimos cincuenta años, enmarcados por la dictadura del general Rojas Pinilla, el esperpento antidemocrático del Frente Nacional —incluyendo el fraude de 1970 en favor de Pastrana y en detrimento del mismo Rojas—, y una seguidilla de mandatarios (López, Turbay, Betancur y Barco) elegidos bajo la ‘disciplina’ de los partidos y con clara incidencia de dineros mal habidos.

Es también Uribe el primer mandatario que llega con un programa de gobierno serio que interpreta los deseos de los colombianos y el único que se ha mostrado firme en su deseo de cumplir y no de negociar. Tres grandes retos tiene el presidente: reformar la política, enfrentar el problema de orden público y mejorar la situación de la economía. Los tres son muy graves y muy difíciles de manejar pero va a tener el apoyo de los colombianos para lograrlo. El que más depende de él mismo es el de la reforma y debe ser radical. De entrada hay ganancia porque en esta administración no veremos robando a los hombres más cercanos del presidente como en el gobierno que termina: Juan Hernández, Royne Chávez, Fernando Araujo, Fabio Valencia Cossio, Juan Carlos Pastrana, etc. Ya se oyen voces que piden no revocar el Congreso ni reducir su número de miembros, ni convertirlo en unicameral. Se insinúa que un país es más democrático porque tiene más parlamentarios o porque las dos cámaras se controlan entre sí. El actual Congreso es ilegítimo por los chanchullos del 11 de marzo y porque aún sobreviven ladrones de toda la vida. El Congreso es una entidad inútil y costosa, más inútil y más costosa mientras más curules tenga y el bicameralismo no ha aportado nada valioso para el país.

La reforma política debe asegurarse de que los vicios políticos se eliminen y sean causales de muerte política. No más auxilios parlamentarios, no más turismo, no más ausentismo, no más suplencias, no más privilegios que los que llanamente exija la seguridad de los parlamentarios. También debe asegurarse que los bandidos no vuelvan, ni actores de televisión, cantantes y cuanto individuo quiera capitalizar su popularidad para ganarse un jugoso sueldo y una millonaria pensión. Cualquier colombiano no puede ser congresista porque se necesita un mínimo de preparación. Personas como el concejal de Bogotá, el lustrabotas Luis Eduardo Díaz, demuestran que con la democracia no se juega, quien nada puede aportar conceptualmente hablando, tampoco puede tener sitio ahí. La reforma política debe incluir también asambleas y concejos, nidos de corrupción y despilfarro; partidos políticos, mecánica electoral, etc. Las recientes medidas tomadas por el presidente del Senado, Luis Alfredo Ramos, son tardías e insuficientes: retirar los celulares, poner coto a las llamadas de larga distancia, no entregar pasajes aéreos para ‘sesionar’ en otras ciudades no son medidas que alcancen para salvar esa entidad de la revocatoria que el Presidente prometió y todos esperamos.

El tema del orden público no da espera, las estrategias del doctor Uribe están trazadas. Es urgente la incorporación de reservistas al Ejército y el aumento del pie de fuerza de la policía. La reorganización del Estado para la consecución de los recursos necesarios es una tarea inmediata, la meta es contar con 100 mil soldados y 200 mil policías para empezar a ver resultados positivos en materia de seguridad. La red de un millón de colombianos será un factor clave para disuadir a los violentos, por eso las criticas de las ONG y de todo aquel que simpatiza con la guerrilla. La eliminación de la Corte Constitucional se hace necesaria para poder ejecutar medidas especiales de orden público a las que ha puesto zancadilla repetidamente. También es responsable esta alta corte de que no haya funcionado la Ley de Extinción de Dominio.

El llamado del doctor Uribe al Banco de la República para que no aplique la ‘cartilla’, es uno de los grandes retos del Presidente. La política económica la han venido implementando el Banco —que la Constitución del 91 volvió independiente del gobierno central— y los ministros de Hacienda de turno, casi sin injerencia del presidente y cumpliendo al pie de la letra los mandatos de los organismos multilaterales de crédito, caso Fondo Monetario, Banco Mundial, etc. Se requiere del Banco de la República una mayor emisión en préstamos al Gobierno para inversión, se requiere una devaluación continuada del dólar para hacer más competitiva nuestra industria. Por parte del Gobierno se requiere proteger al campo subsidiando algunos productos y cerrando las fronteras a las importaciones desmedidas que afectan sectores estratégicos de nuestra economía. Inaplazable también la reforma pensional por la deuda astronómica a que se ha llegado, fruto de las concesiones que las entidades estatales le han hecho a los sindicatos.

En fin, Colombia, desde este 7 de agosto, tiene Presidente. Uno legítimo, con inteligencia y pantalones para trazar la senda para escapar de las arenas movedizas en las que se hunde el país. Son muchos los temas por debatir y muchos deben ser los resultados que se deban fiscalizar. Hay que dedicar esfuerzos a ello con la conciencia de que los cuatro años que comienzan pueden ser el último llamado de enmienda.