Mal hace el Gobierno en prohibir de tajo una actividad que desempeñan 200 mil colombianos.
No voy a negar que la motocicleta puede ser un peligroso medio de transporte si se carece de precaución. Tampoco voy a negar que la informalidad distorsiona el contexto económico y provoca diversos e indeseables perjuicios. Pero, ante tan altas cifras de desempleo y los problemas de transporte e infraestructura que se padecen en toda Colombia, mal hace el Gobierno en prohibir de tajo una actividad que desempeñan 200 mil colombianos cuando hay inconvenientes mayores —en la misma cartera— que no se abordan con el mismo carácter.
Por ejemplo, más peligrosas que las motos son las flotas intermunicipales que transitan a lo largo y ancho del país y que dejan su buena cuota de muertos periódicamente, sin que nadie ponga coto a sus abusos de velocidad y a la conducción agresiva y a la manera de adelantar vehículos invadiendo el carril contrario, aun en las curvas. El dispositivo de control de velocidad es alterado o simplemente ignorado porque las multas y sanciones que deberían imponerse a conductores y empresas que provoquen accidentes con muertos -máxime si reinciden- no existen. Ni siquiera se ha impuesto un tiempo mínimo por recorrido para evitar que las flotas vuelen por la carretera en pos de una productividad criminal.
En las ciudades, la barbarie de buseros y taxistas es responsable, en buena medida, de la abundancia de estrellas negras. El Estado ha sido impotente para refrenar la inveterada guerra del centavo, que convierte a los pasajeros en ganado, y sorprende que el TransMilenio -sistema que debería subsanar las aberraciones del transporte público masivo de pasajeros- les ponga conejo a los usuarios con un sobrecupo inocultable, que se ha vuelto norma para sacarle el máximo beneficio a cada articulado. Con los taxis, la situación no es mejor: son frecuentes las quejas y su índice de accidentalidad es muy alto.
Conductores de bus y de taxi trabajan hasta 16 y 18 horas diarias, lo cual no solo es peligroso, sino que les quita a otras personas la posibilidad de trabajar. Esa excesiva jornada laboral es causa de accidentes y de mala prestación del servicio, pero las autoridades no ejercen control sobre el particular, como tampoco sobre los conductores, que acumulan comparendos que suman cifras millonarias que nunca cancelan.
Por otra parte, el Código Nacional de Tránsito contempla fuertes sanciones para los responsables de accidentes graves, con pérdida temporal o definitiva de la licencia de conducción, pero eso no parece aplicársele a nadie, a pesar de que tenemos seis mil muertos anuales en las vías, tantos como en Alemania, que tiene el doble de nuestra población, cuatro o cinco veces más carros por habitante que acá y las autopistas más veloces del mundo.
Y ese es el otro tema. Por descuidar la infraestructura, ahora se promueven absurdas cruzadas contra el uso de vehículos y, por culpa del deplorable combustible que consumimos, también se hacen necesarias las restricciones por concepto ambiental. Reparar la malla vial de Bogotá vale 12 billones. Superado el caso Commsa, la carretera a la Costa, según el Ministro, estará lista en diez años -léase veinte-. La capacidad del puerto de Buenaventura y de su carreterita se desbordó, mientras se deshojan margaritas pensando en Tribugá y Málaga…
Es decir, hay tantos y tan graves problemas en el tema de obras públicas y transportes, que por querer solucionarlos de abajo hacia arriba se cae en la ligereza de convertirse en mandadero de los ávidos empresarios, únicas víctimas del mototaxismo. Prohibir esta fuente de empleo honesto sería tan torpe como vedar la venta de minutos por celular, de la que viven miles de personas.
Se entienden perfectamente las preocupaciones del Gobierno, pero lo apropiado es reglamentar la actividad para que no crezca más, para que no opere en ciudades capitales y para que se extinga a largo plazo, cuando unas mejores condiciones económicas y sociales dejen obsoleto el mototaxismo.
El Tiempo, septiembre 19 de 2006
