Mientras el presidente-dictador de Venezuela se eterniza en el poder gracias a que todos los organismos de representación y control le son de bolsillo —por lo que muy poco importa si el electorado realmente vota por él o no—, el Presidente de Colombia tiene el favor de la inmensa mayoría pero la animadversión de casi toda la clase política, por lo que los inconvenientes de la reelección no están en las urnas sino en los recovecos legalistas. Esto va desde la actuación de la Corte Suprema hasta la calculada indisciplina de los partidos de la coalición de gobierno, cuyos miembros persiguen sólo intereses personales y mezquinos.

Un mes atrás, la oposición estaba de plácemes porque el Gobierno había perdido el control de sus mayorías en el Congreso, pero ahora cunde el desespero luego de que el Senado y la Cámara terminaron por aprobar el referendo reeleccionista. De ahí que se empeñen en señalar toda clase de fallas que deberían dar al traste con la iniciativa en el control que hará la Corte Constitucional.

En primer término se arguye una necedad: que esta modificación de la Carta, para permitir un nuevo periodo del Presidente Uribe, sustituye la Constitución. Los opositores señalan que la Corte Constitucional había pronunciado, hace cuatro años, que la reelección por una sola vez no atentaba contra el balance de poderes, de lo que infieren que una segunda reelección sí lo haría, de manera insalvable además. Pero lo necio de esta crítica radica en pretender que las constituciones no se pueden modificar ni siquiera siguiendo los parámetros establecidos para ello y el deseo de las mayorías, lo que no puede compararse con el caso de Honduras.

En un artículo anterior (El Tiempo, 26-05-2009), expresé que si la reelección es inconstitucional, habría que preguntarse si no lo fue el suplantar la Carta de 1886 mediante una ‘séptima papeleta’ que no tuvo gran acogida —menos de dos millones de votos en un censo electoral de 14, o sea que no habría superado el umbral que se exige para el referendo—, y que se fraguó para darles gusto a unos pocos, entre ellos a los grupos armados que pedían una Asamblea Constitucional para promover algunas reformas políticas.

Y traje a colación varios conceptos que en ese entonces primaron en la discusión en el seno de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y que deberían ser igualmente válidos hoy: 1) que la “séptima papeleta suscitó un verdadero plebiscito que no requiere prueba, pues se trató de un acto masivo y público”; 2) que el país reclamaba “el cambio institucional, aunque dentro de los cauces del orden jurídico”; 3) que el constituyente primario tiene toda la competencia para ejecutar cambios y 4) que “el no acceder a este clamor del pueblo será, sin ninguna duda, un factor de mayor desestabilización del orden público” (EL TIEMPO, 03-10-1990).

Por otro lado, se habla de anomalías en la recolección de las cuatro millones de firmas avaladas por el Consejo Nacional Electoral. Pero lo sustantivo es que las firmas no se compraron, la gente firmó a plena luz del día de manera absolutamente voluntaria, cosa que no merece dudas dada la popularidad del Presidente y el hecho probado de que aquí no se le niega una firma a nadie. Las irregularidades sobre la financiación son un tema que compromete sólo al Comité que recolectó las firmas y constituye, según la Ley 134 de 1994, causal de mala conducta, mas no compromete el respaldo ciudadano al trámite del referendo.

El otro tema delicado es el de la repartición de dádivas a los congresistas, como el supuesto caso de las notarías. Ese tema tiene mucho de largo y de ancho. El senador Roy Barreras denunció que el ex presidente Gaviria adjudicó más de 200 notarías a dedo y un conocido comentarista radial reveló que Samper y Pastrana crearon más de 100 cada uno mientras Uribe sólo ha creado poco más de 30. Entonces, ¿con qué autoridad moral pueden criticar una costumbre poco plausible pero arraigada? Así ha sido siempre la relación entre Ejecutivo y Legislativo.

Hasta ahora el manejo del proyecto de referendo ha sido normal, aunque no exento de polémicas. Y es importante que se mantenga así, por lo que no es oportuno plantear cambios extravagantes en la manera de calcular el censo. Depurarlo sí, pero no ir más allá. ·

Publicado en el periódico El Mundo, el 7 de septiembre de 2009

También le puede interesar

Posted by Saúl Hernández