jms-nicaraguaLa mayoría de los colombianos se han sentido identificados con la decisión tomada por el presidente Santos en relación con el fallo de La Haya que nos despojó de 75.000 km cuadrados de mar en el Caribe. Ha dicho el Primer Mandatario, por razones conocidas que no es del caso traer aquí, que el fallo es “inaplicable”, pero en ningún momento ha dicho que lo desacata o lo rechaza.

A buen entendedor, pocas palabras. Lo que Santos dijo es que el tal fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) es “inaplicable sin un tratado de límites con Nicaragua”, con lo que abre la puerta a otra negociación con sus ‘mejores amigos’ que inevitablemente será tan nefasta para el país como la que se cuece en La Habana. Esto porque no hay que ser un vidente para darse cuenta de que Santos no defenderá el límite del meridiano 82 sino que negociará con base en el fallo de la CIJ, con lo cual puede que se recupere algo de lo perdido pero nada que sea muy significativo.

La alocución de Santos no tenía otro objetivo que mostrar reciedumbre en la defensa de los intereses de Colombia, para amainar el derrumbe inatajable de su imagen, señalado por la encuesta Gallup, la más seria de cuantas se hacen en el país, y ratificado en el estudio del Centro Nacional de Consultoría, que generalmente presenta una visión muy favorable al gobierno. Es una jugada muy hábil porque en los ocho meses que faltan para la elección presidencial lo más seguro es que Santos no tenga que tomar ninguna acción sobre el particular a menos que Nicaragua lo ponga en evidencia.

No obstante, no podemos olvidar que el gobierno sandinista es funcional, más que a Santos, a las Farc, por lo que este tema seguirá siendo un mecanismo de presión en la mesa de negociaciones, con el que los terroristas tratarán de obtener los mayores beneficios posibles, todo por tener metidas en la misma bolsa dos cosas que jamás se debieron haber mezclado como la supuesta paz y la inmerecida reelección. A todas estas, ¿podría alguien imaginarse a qué abismos caerá la favorabilidad de Santos cuando quede en evidencia que ‘inaplicabilidad’ y ‘desacato’ no son lo mismo y que lo que está en el tapete es el trámite de un tratado con Nicaragua?

Es que, realmente, estamos muy viejos como para andar creyendo en santos y hadas madrinas. Tampoco nos convence mucho la rectificación hecha por la Corte Constitucional (CC) en el sentido de que los máximos responsables de las Farc, por la comisión de delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio, no podrán ser beneficiarios de la suspensión de pena, como se había planteado inicialmente al declarar exequible el Marco Jurídico para la Paz.

La verdad es que los mecanismos para pasarse esta decisión por la faja, están servidos. En primer lugar, el concepto de ‘máximos responsables’, que resulta un poco gaseoso, podría terminar siendo manipulado a favor de los cabecillas de las Farc, dejando incólumes a miembros del Secretariado y el Estado Mayor. Como antesala, no solo hemos sido testigos de la forma como la justicia ignora los casos de farcpolítica sino que hace poco el fiscal general Eduardo Montealegre, al imputar cargos por los ‘crímenes más graves del conflicto’, abrió cargos contra los principales jefes paramilitares, casi todos extraditados a los Estados Unidos (Salvatore Mancuso, Ernesto Báez, Ramiro Vanoy, Ramón Isaza, Diego Vecino, Hernán Giraldo, Miguel Ángel Mejía Múnera, Diego Fernando Murillo, Fredy Rendón Herrera e Iván Laverde Zapata, entre otros), mientras que los imputados de la guerrilla, dan risa: Elda Neyis Mosquera, alias ‘Karina’; Elí Mejía Mendoza, alias ‘Martín Sombra’; un tal Marco Fidel Giraldo, alias ‘Garrapata’, y otro fulano de nombre Olimpo Sánchez Caro, alias ‘Cristóbal’, del Ejército Revolucionario Guevarista. Es decir, puros chivitos expiatorios.

Pero, hay más. Resulta que la CC introdujo un elemento adicional como es que tales crímenes hayan sido cometidos “de manera sistemática”. Con ello veremos que hasta los peores crímenes de las Farc, por sistemáticos, metódicos y repetitivos que sean, terminarán siendo interpretados como hechos aislados y sus perpetradores serán absueltos.

Además, ni siquiera es necesario hilar tan delgadito para descubrir el boquete por el que se va a colar la impunidad. Basta con señalar que la CC, al referirse a la ejecución de la pena, no está hablando exclusivamente de cárcel; incluso, tampoco está ciñéndose a una reclusión. Las alternativas son variadas, como casa por cárcel, prisiones especiales al estilo de La Catedral o reclusión abierta en lugares como las zonas de reserva campesina. También podría darse libertad vigilada con brazaletes electrónicos o, simplemente, libertad condicional. Y, como propuso el fiscal Montealegre, la pena podría consistir en algún tipo de trabajo social como el desminado humanitario.

Como si fuera poco, prohibir la suspensión total de la pena podría ser un mero saludo a la bandera por lo relativo al tiempo de las condenas, que podrían ser apenas de algunos meses y en ningún caso llegarían ni a los ocho años contemplados en la Ley de Justicia y Paz que, aplicada a los paramilitares, ha sido considerada por muchos como una burla a las víctimas.

Todo esto pasa por encima de las recomendaciones hechas por Fatou Bensouda, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), quien fue muy clara al afirmar que si no hay cárcel para los máximos responsables —léase, máximos cabecillas— se considerara que el proceso de paz anima la impunidad y le abrirá las puertas a la CPI.

Como anécdota queda el que, en estos casos, lo que anuncian Santos y la CC no se ajusta a la realidad. Es mucho lo que va de los dichos a los hechos.

(Publicado en el blog Debate Nacional, el 11 de septiembre de 2013)

También le puede interesar

Posted by Saúl Hernández

Deja un comentario