Hay que eliminar los privilegios pensionales adquiridos ilegítimamente por unas minorías y gravar las altas pensiones que saquean el fisco.
Una de las muestras más claras de que en Colombia continúa prevaleciendo la politiquería por encima de las necesidades del país y de la práctica de un juego democrático útil a la sociedad, es la manera como se debate el tema de las pensiones y la posible y necesaria reforma del régimen que las sustenta. Y la inmadurez de nuestra clase política es más obvia cuando se expresa en contra de todos los criterios técnicos que los expertos dan sobre el asunto.
Precisamente, la fauna de dirigentes políticos sería uno de los sectores que se vería más perjudicado con una reforma de este tipo que, valga decirlo, debe ser tramitada en el Congreso de la República, donde no hay, por obvias razones, un clima favorable para el efecto. No se olvide que esta corporación cuenta en la actualidad con alrededor de mil pensionados cuyas mesadas oscilan entre los dieciséis y los veintidós millones de pesos. Todos ellos, al igual que los ex magistrados de las altas cortes y otros ex funcionarios del alto gobierno, tienen estrechos lazos de camaradería, amistad y hasta de familiaridad con los congresistas en ejercicio, quienes no les van a ocasionar un mal a aquellos y mucho menos a sí mismos, futuros pensionados en espera de una asignación millonaria.
Por eso es un descaro y una desfachatez que los llamados «Padres de la Patria» se escuden en argumentos o razones de interés social para impedir el gravamen de las pensiones aunque se trate de las que son superiores a seis salarios mínimos mensuales; es decir, de más de dos millones ciento cuarenta y ocho mil pesos. El 80 por ciento de los pensionados del seguro social gana un salario mínimo, así que la mayoría de la población queda excluida de este cobro y quienes ganan más de seis mínimos no son propiamente pobres.
La otra cara del problema está en los sindicatos y, en general, en todos los empleados del Estado, principalmente de las empresas estatales con regímenes especiales que en mucho se diferencian de la realidad del resto de colombianos. Todavía hay empleados públicos que se pensionan con veinte años de labores a cualquier edad, a los 38 años por ejemplo, y con una asignación muy superior a la de algún mortal que haya desempeñado un cargo equivalente en el sector privado. Las prebendas conquistadas por los sindicatos, en muchos casos, pueden terminar multiplicando el monto de la pensión al doble o al triple del que ya era un salario alto.
El caso es que el Estado colombiano invirtió el año anterior 9 billones del presupuesto en pago de pensiones del sector estatal. Este año serán más de diez billones con el incremento que se adoptó (el mismo de los salarios) y echándose la cruz de las pensiones del Seguro Social, entidad que tiene recursos para pagar apenas hasta mitad de año. El hueco pensional, en Colombia, está estimado en 400 billones de pesos. Eso valen las pensiones que no están debidamente fondeadas, incluyendo los 40 billones que el Estado le debe al Seguro. O sea, se tiene una deuda impagable que exige el desmonte de los regímenes especiales y eso debe afectar a quienes ya están disfrutando dizque de ‘derechos adquiridos’, pero adquiridos de forma ilegítima.
Igualmente, las altas pensiones deben ser recortadas como se propuso en el Referendo o gravadas con altos impuestos, y se debe estandarizar la edad pensional y el monto base de la asignación. Este es un asunto que ya hace parte de la corrupción administrativa y como tal debe tratarse. Además, es claramente violatorio de varios postulados de la tan cacareada Constitución Nacional: del derecho a la Igualdad, de la Solidaridad, del Bien Común, etc.
De otra parte, el Congreso de la República no puede seguir legislando para su propio interés. ¿Acaso no deben declararse impedidos quienes, en ejercicio de funciones públicas, tratan sobre materias que los favorecen? En la extensa Carta Política de Colombia hace falta una institución ad-hoc que pueda dirimir casos como este donde los legisladores tienen entre manos sus propios intereses aunque, claro, habría que integrarla de ángeles para que sus miembros —políticos al fin y al cabo— no terminaren beneficiándose de alguna forma mientras el país se desmorona.
