Aumentar los sueldos de los altos funcionarios no es una buena señal y las consideraciones expuestas no son razonables.
Según el más reciente informe de desarrollo humano de la ONU, Colombia ocupa el puesto once en materia de concentración del ingreso e inequidad social, por lo cual no sólo deberían combatirse sus causas sino impugnar cualquier disposición oficial que profundice el problema. Uno de los factores que determinan esta situación es la estructura salarial tanto del sector público como del privado, no obstante sus diferencias. Los salarios más altos del sector privado son sumas fabulosas que pueden estar entre los 50 y 100 millones de pesos mensuales (el Presidente de la República gana 18). En promedio, son tres veces más altos los salarios del sector privado que los del sector público en lo que a cargos de dirección se refiere. En la parte baja de la escala, la situación es al revés. Una aseadora del sector público, puede devengar entre 800 mil y 1,2 millones/mes, mientras que en el sector privado devengaría el mínimo, 380 mil pesitos. En este caso son los empleados públicos los que, en promedio, ganan tres veces más que en el sector privado.
De acuerdo con lo anterior, las diferencias salariales en el sector público son más o menos razonables mientras que en el sector privado son abismales. En las naciones con menor concentración del ingreso como Suecia, Noruega, Nueva Zelanda o Japón, esto se considera indignante y entre gerentes y trabajadores rasos las diferencias salariales son estrechas. En Colombia, en tanto, el embudo es sorprendente. A muchos les pareció normal y justificado el rosario de prebendas que tenía Mauricio Mesa Londoño, el primer gerente de la estatal de telefonía celular Ola: 42 millones/mes, más una prima de 500 millones anuales por metas cumplidas, apartamento de lujo en Bogotá, dos vehículos nuevos de gama alta con chofer y con opción de compra a los dos años a precio de huevo, y hasta una prima mensual para mercar… El señor Mesa aseguraba que todo era normal porque en el sector privado ganaba el triple.
Se sabe que gran parte de los subsidios que intentan menguar la pobreza en Colombia, se queda en capas de la población que no los necesitan como es el caso de las pensiones millonarias de ex funcionarios estatales. Como si fuera poco, ahora parece que los salarios oficiales tomarán el mismo rumbo con el manido argumento de que los salarios públicos son muy bajos frente a los del sector privado y de que esto es un impedimento para contar con excelentes profesionales en cargos oficiales, con las grandes responsabilidades que soportan y la dedicación que requieren esos puestos.
El ex presidente Ernesto Samper concedió a los jueces un incremento salarial que le ha costado 250 mil millones de pesos al actual gobierno porque el anterior no lo ejecutó. En diciembre anterior, el decreto 4353 concedió bonificación de cuatro salarios a alcaldes y gobernadores, por un costo anual de cerca de 30 mil millones de pesos. La semana anterior se expidieron dos decretos similares: uno, el 3150, que concede bonificación de cuatro salarios para 285 altos funcionarios como ministros, viceministros, gerentes de establecimientos públicos, directores de departamentos administrativos, consejeros presidenciales, etc.; y el 3131 que concede la misma bonificación para jueces municipales, jueces de instrucción penal militar, jueces del circuito, fiscales delegados, y procuradores judiciales entre otros, todo por valor de 150 mil millones al año.
En resumidas cuentas, se trata de un reajuste salarial del 25 por ciento mientras los demás empleados, públicos o privados, reciben incrementos atados a la inflación que este año rondará el 5 por ciento. Algunos creen, incluso, que los pobres ministros (8 millones/mes) deben ponerse a la par de congresistas (17 millones/mes) y altos magistrados (15 millones/mes) cuando el país —con sus 25 millones de pobres—. lo que reclama es que le rebajen el sueldo a todos estos inútiles.
Así como consideramos que la flexibilización de la legislación laboral, con un consecuente abaratamiento de la mano de obra, era necesaria para ganar en competitividad, creemos que aumentar los sueldos de los altos funcionarios no es una buena señal y que las consideraciones expuestas no son razonables. De las universidades del país salen excelentes profesionales que, al no tener ‘palancas’, se contentan con un salario mínimo en una empresita. Ya se quisieran un sueldo de ministro sin la bonificación. Y si los graduados de Harvard y Yale quieren sueldos astronómicos que se vayan a manejar los negocios familiares y el presidente les acepte sin más largas la renuncia. A Colombia no le sirven funcionarios como el Ministro de Minas, quien lleva meses tratando de renunciar a su puesto porque el sueldo no le alcanza para nada. Además, el Estado no está para competir en sueldos con la empresa privada.
