Si el fallo absolviera a los soldados se le daría luz verde a los excesos de policías y militares.

Es comprensible que los colombianos quieran congraciarse con los militares condenados por apropiarse de la famosa guaca de las Farc. Estos hombres exponen su vida e integridad física por muy poco dinero. Cuando  mueren en combate, sus familias se ven a gatas para subsistir y cuando son víctimas de mutilaciones o invalidez la cosa se complica aún más, pasan al olvido y el alivio de su drama personal es mínimo. También viven el problema de las bajas por fallas en el servicio, a menudo por faltas de disciplina no muy graves. Después viene el desempleo pues no por haber estado en el Ejército se les prefiere en el mundo laboral, más bien se les estigmatiza. Todo esto sin contar lo duro del día a día; el mal dormir, el mal comer, las condiciones de la topografía colombiana, el exigente entrenamiento, todo.

No cabe duda de que si hay colombianos dignos del mayor de los premios ellos son los soldados de la patria, pero eso no puede cegarnos ante graves faltas que pisotean el honor militar y corrompen la moral y la dignidad de unos hombres dispuestos a todos los sacrificios por el bienestar general. Llegar al extremo de considerar que no cometieron delito alguno en el caso de la guaca, es anteponer al buen criterio la famosa viveza que tenemos los colombianos y que nos ha llevado a atropellar todos los valores con tal de alcanzar el mayor lucro personal. El que expertos abogados penalistas aseguren que no hubo delito, no sorprende porque estos mismos abogados son los que a menudo le evitan las penas de prisión a peligrosos delincuentes con los más elaborados ardides o con simples tecnicismos que conducen a fallos vergonzosos.

No hay que ser un experto en la ley penal para deducir que si un civil encuentra dinero en las condiciones en que este fue hallado no puede ser acusado de robo pero bien distinta es la situación si se trata de servidores públicos, sobre todo si son miembros de los organismos de seguridad del Estado. En este caso se pueden mencionar múltiples fallas en el servicio por cuanto los militares no informaron del hallazgo y si bien alegan que su misión no era buscar dinero alguno ni custodiarlo sino perseguir una columna de guerrilleros, decidieron por su propia cuenta abandonar la misión y dedicarse a atender el asunto de las canecas repletas de dólares. Incluso, desecharon elementos de dotación comprados con el dinero de todos los colombianos para abrir campo a los dólares en las mochilas…

Cometieron, por lo menos, peculado por omisión al no confiscar el dinero como lo manda la ley, al igual que debe hacerse con drogas, armas, o cualquier otro material ilícito. La letra escrita aguanta muchas interpretaciones pero la moral no, y moralmente cometieron un peculado por apropiación al quedarse con dineros de los que por su condición de integrantes de la Fuerza Pública eran custodios automáticos. Es el mismo caso de policías y soldados que han sido castigados por quedarse con parte de cargamentos de cocaína para regresárselo después a los narcos, o con pertrechos militares, con objetos de valor de residencias allanadas a la mafia o el caso vulgar de los vecinos del Club El Nogal, que reportaron robos en sus residencias durante las operaciones de rescate de heridos por aquel atentado con carrobomba, cuando a sus casas los únicos que ingresaron fueron organismos de seguridad y rescate.

Es como si un grupo de policías reclamara para sí una finca de un narcotraficante, de esas tantas de las que no se conoce a ciencia cierta a su dueño ni tiene quién la reclame. Gústenos o no, la Ley contempla diversos mecanismos para poner bajo resguardo suyo todas las incautaciones que se ejecuten y los servidores públicos son precisamente los menos indicados para  cometer indelicadezas con esos recursos, son los primeros llamados a su protección y vigilancia, y cualquier provecho no es más que vulgar corrupción. Si las penas de prisión indicadas para los 148 militares nos parecen altas —tres años para quienes reconocieron el delito y devolvieron el dinero, siete para los que no aceptaron la culpa ni devolvieron nada y más de diez para los comandantes— es porque las comparamos con penas irrisorias como las del caso Garavito, al que sólo le cabe la cadena perpetua o la pena de muerte, o con las condenas de ocho años para los paramilitares, olvidando que éstos no fueron vencidos sino que se han desmovilizado a voluntad.

Si el fallo absolviera a los soldados, como aún podría suceder interponiendo recursos legales, se abriría un peligroso boquete por el que entraría la corrupción  de los fusiles: en Antioquia hay varias denuncias contra militares de la IV Brigada por el asesinato de campesinos que hacen pasar por facinerosos con ocasión de los premios que el gobierno estableció para los soldados. Para ellos, como colombianos que son, una platica y un permiso de descanso bien valen la vida de un vil campesino.

Publicado en el periódico El Mundo de Medellín, el 21 de agosto de 2006 (www.elmundo.com).

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Posted by Saúl Hernández

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