Hay una sola cosa realmente grave en medio del escándalo por las interceptaciones telefónicas ilegales realizadas por personal de Inteligencia de la Policía Nacional y es la posibilidad de que los  jefes paramilitares recluidos en Itagüí hayan seguido delinquiendo como se desprende de las conversaciones divulgadas por la revista Semana. Y eso es grave porque el país podría repetir la misma historia de los sucesos ocurridos en  La Catedral quince años atrás: reincidencia en el crimen, escape de la prisión y muerte de los prófugos.

Eso significaría, aparentemente, que no hay compromiso real de los líderes de las autodefensas para cesar su accionar delictivo y hasta parece que no comprendieran que de proseguir ese camino sus únicos destinos seguros son una cárcel gringa o un cementerio, alternativas inconvenientes para un país que busca la reconciliación nacional, al margen de que por esa vía habrá que esperar más muertes, más destrucción y más desesperanza, lo que siempre posterga nuestro desarrollo.

Pero, aparte de lo anterior, hay que apelar al viejo refrán popular que dice “el que nada debe, nada teme”. No puede sustentarse la creencia de que el espíritu de la norma que protege la privacidad sugiera el amparo de los delincuentes, ni hay que olvidar tampoco quiénes hacen las leyes aquí. Mientras el país se debate en una lucha armada de múltiples frentes y caen asesinadas miles de personas es un exceso de libertades creer que las autoridades legalmente constituidas no puedan ni deban realizar este tipo de tareas. A muchos no les importa que un soldado se vuele una pierna en un campo minado o que un camión lleno de policías sea emboscado en una carretera rural pero sí les parece grave que ‘espíen’ a políticos (sean amigos o enemigos), a periodistas, a paracos o a cualquiera.

Nadie tiene por qué preocuparse de que lo escuchen y lo graben a menos que se encuentre inmerso en actos de asesinato, secuestro o corrupción,  tenga nexos con el paramilitarismo, el narcotráfico, la guerrilla u otras actividades delincuenciales, o esté conspirando contra el Gobierno. No puede olvidarse que las autoridades colombianas luchan contra peligrosos criminales sin una legislación antiterrorista acorde con la realidad del país. Qué tal que hubiera que pedir el permiso de un juez para escuchar los mensajes de radio de la guerrilla.

Dada la hipocresía nacional, se armó todo un escándalo coronado con la salida de doce generales, con el cuento de que hay macartismo, de que el caso tiene grandes similitudes con el Watergate, y que no se ha dicho la verdad sobre quién ordenó las interceptaciones y a quienes grabaron y por qué motivo.

La verdad es que miembros de la institución policial han caído muy bajo en casos de narcotráfico, secuestro y asesinato, muchísimo más graves que la interceptación en sí. No puede negarse que es aún más delicado el hecho de que se haya filtrado la grabación a los medios de comunicación —seguramente por dinero— de la misma forma en que se filtran expedientes judiciales bajo reserva sumarial. Además, tal filtración deja una mancha de dudas sobre el Gobierno mismo que el Presidente rechaza mostrándose traicionado y dolido por los hechos cuando lo que nos debería preocupar a todos es lo que realmente está sucediendo en Itagüí.

De otro lado, queda también la impresión de que los medios de comunicación están franqueando los límites de la ética en su afán por la chiva y el rating y seguramente movidos también por motivaciones políticas dado el origen y la propiedad de la mayor parte de los principales medios del país.

Todo esto afianza la impresión de que aquí perdemos el enfoque de las cosas y, entonces, no salimos de una cuando caemos en otra.  ·

Publicado en el periódico El Mundo de Medellín, el 21 de mayo de 2007

También le puede interesar

Posted by Saúl Hernández

Deja un comentario