La vida de Íngrid Betancourt vale lo mismo que la de otros secuestrados y que la de quienes gozamos de libertad. No puede valer más que la del mayor Julián Ernesto Guevara, fallecido en cautiverio y cuyo cadáver no ha sido devuelto a sus familiares; no vale más que la de cada uno de los once diputados del Valle que fueron horriblemente masacrados por las Farc, o las de Gilberto Echeverri y Guillermo Gaviria, quienes corrieron la misma suerte; tampoco puede valer más que la vida de la señora Aida Duvalier, ciudadana francesa secuestrada en Colombia y asesinada en cautiverio, por quien su gobierno no movió un solo dedo por carecer de contactos en el Palacio del Elíseo, como sí los tiene la ex candidata presidencial en cuestión.

No puede valer la vida de Íngrid más que la de cualquiera de los 44 millones de colombianos que, en adelante, seremos víctimas potenciales de los criminales que el Gobierno ofrece liberar a cambio de los canjeables, lo que pone en peligro la vida de muchos y lesiona el derecho a la justicia de quienes han sido objeto de sus crímenes. Si bien la justicia colombiana es laxa y a cada rato pone en la calle a terroristas peligrosos que deberían tener cadena perpetua no es nada para celebrar que se otorgue libertad a individuos que han cometido crímenes de lesa humanidad.

En esto, el gobierno se juega una dura carta, azuzado por la presión nacional e internacional que se incrementa por el supuesto mal estado de salud de los secuestrados, a pesar de que los liberados han llegado rozagantes, lo que pone en duda esa situación. Nadie debe estar secuestrado pero la responsabilidad de esos actos se le ha imputado erróneamente al Estado, con lo que se le ha dado a las Farc una poderosa herramienta que le ha facilitado interlocución política con diversas personalidades del país y el exterior, con gobiernos y con instituciones de toda índole, a través de lo cual ha logrado echarle bastante agua sucia al establecimiento colombiano y que algunos consientan a la guerrilla como una contraparte del Estado a pesar de su esencia terrorista y criminal en contraste con el carácter democrático y legítimo de aquél.

De todas maneras, es casi un hecho que las Farc no van a aceptar esa propuesta porque se trata de una decisión unilateral del Gobierno colombiano y la guerrilla ha rechazado mecánicamente ese tipo de ofrecimientos por no encontrar en ellos la posibilidad de aunar factores que les sirvan en su pretensión de tener un reconocimiento político -y el ambicionado estatus de beligerancia- como podrían acariciarlo al contar con una zona desmilitarizada (Pradera y Florida) o, cuando menos, con un diálogo directo.

El Gobierno no da su brazo a torcer en esto y muchos críticos aducen que debe asumir el ‘precio’ de las liberaciones, que esto no se conseguirá gratis, pero aquí cabe preguntarse con Savater ¿qué se esperaría como concesión de los terroristas? La respuesta es ‘nada’, porque al devolver a los secuestrados no estarían dándonos nada suyo sino (en palabras del filósofo español) el “devolvernos la tranquilidad para disfrutar lo que es nuestro y a lo que tenemos perfecto derecho”.

Lamentablemente, se puede colegir que a las Farc no les convendría que Íngrid sobreviva. Dice ‘Raúl Reyes’ en una de sus epístolas: “Hasta donde conozco, esta señora es de temperamento volcánico, es grosera y provocadora con los guerrilleros encargados de cuidarla”. Y añade -en referencia a la imagen suya que tanta conmoción ha causado- que ella sabe de “imagen y semiología, las utiliza en impactar en contra de las Farc”. De estas palabras se deduce que Íngrid no está tan enferma y en otra misiva se apunta que ella sería la última liberada. Es decir, las Farc no tienen ni afán ni interés de soltar a su joya más preciada pero mal harían, en su actual estado de debilidad, en desdeñar la oportunidad de sacar de las cárceles a sus hombres y lograr ese éxito sin retribuirle al Gobierno el suyo, la libertad de una Íngrid que, a todas luces, dejaría mal paradas a las Farc en cuanto auditorio la escuchen; en tanto que sus cínicos parientes harán lo propio pero en contra del Gobierno colombiano en caso de que ella muera, a pesar de que las únicas responsables serían las Farc.

Si la presión no se concentra en las Farc se le estará expidiendo partida de defunción a la secuestrada, y sería ese uno de los últimos actos brutales de una guerrilla moribunda. ·

Publicado en el periódico El Mundo, el 31 de marzo de 2008

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Posted by Saúl Hernández

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