Pablo Escobar engañó al Estado con su fingida reclusión en la cárcel de La Catedral. Queda el interrogante de si el gobierno de César Gaviria se dejó engañar o si era un engaño compartido para lograr beneficios mutuos. Lo cierto es que ese gobierno permitió el engaño y hasta se favoreció de él, a pesar de lo cual nadie ha osado inculpar al expresidente o a cualquier otro miembro de su gobierno.

Es más, desde que terminó la administración Gaviria se le dio vuelta de página a ese desafuero y hoy, el ex sigue vigente, al frente del resurgimiento del partido Liberal en cuya dirección acaba de implantar a su hijo, y tomándose un gobierno que fue elegido con votos de Álvaro Uribe. El ministro de Defensa de la época, Rafael Pardo, funge de ministro de la revivida cartera de Trabajo, burocracia que trata de justificar alabando la adopción por consenso del salario mínimo para 2012 como si no se tratara de un asunto voluntarioso: en diciembre de 2006 los empresarios ofrecieron un incremento de 6,9% al que los trabajadores se negaron para no darle un éxito al gobierno de Uribe, que terminó fijándolo por decreto en 6,29%.

En el mismo sentido, las Farc engañaron al Estado en varias ocasiones con fingidos procesos de paz, principalmente en el que se desarrolló en el Caguán durante la administración Pastrana. Allá desfiló la crema y nata de la política, la economía y la alta sociedad. Les ofrecieron a los terroristas refundar la Patria a través de una asamblea constituyente, entregándoles el poder y absolviéndolos de todos sus crímenes, muchos de los cuales se cometieron en la zona de distensión en el momento mismo de los diálogos. El señor Pastrana se pavoneaba por el mundo con ínfulas de Mandela, convencido de que le iban a dar el Nobel de Paz ¡y de que se lo merecía!

No obstante, a pesar de los pésimos resultados de esta aventura, también se dobló la página; a nadie se le ha ocurrido judicializar a Pastrana, o a alguno de sus funcionarios, por complicidad con los centenares de crímenes cometidos por los terroristas al amparo de la rendición del Estado en el área que se desmilitarizó o en el resto del país, pues paramilitares y guerrilleros se lo tenían repartido entre sí. Es más, al igual que Gaviria —y que el inefable Samper—, Pastrana opina de lo divino y lo humano como si su gestión fuera digna de recordación: apenas hace unos días le pidió a la OEA que se manifestara sobre la desmovilización de los ‘paras’.

Y son apenas dos ejemplos que nos muestra el retrovisor para sopesar lo que hoy está ocurriendo. El gobierno de Álvaro Uribe implementó la exitosa política de Seguridad Democrática para combatir por igual a todos los actores armados. Arrinconó a las guerrillas, desmovilizó a las autodefensas y extraditó a cerca de un millar de narcotraficantes a EE.UU., incluyendo a los miembros de la cúpula paramilitar, que pretendían perpetrar otro engaño: purgar penas cortas en prisiones de baja seguridad y recuperar su poder al salir.

Una de las políticas más exitosas fue la de desmovilización, pero como cualquier política social no está vacunada contra engaños. Desmovilizados, desplazados, damnificados, víctimas o victimarios ficticios —o sus representantes, como el Colectivo de Abogados del caso Mapiripán— pueden inducir a error al Estado para obtener beneficios fraudulentos como esas pensiones abultadas que consiguen con trampa hasta algunos altos magistrados.

Pero lo más extravagante de todo es que mientras que antes se doblaba la página, ahora se incrimina a los funcionarios y exfuncionarios públicos por los delitos de quienes engañaron al Estado, como en los casos del exministro Arias y del excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo, graduado de traficante de armas por una Fiscal General que pretende recuperar su legitimidad perdida abusando del Derecho. La persecución es evidente.

(Publicado en el periódico El Mundo, el 27 de diciembre de 2011)

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Posted by Saúl Hernández

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