Cuestiones de semántica

Me da mucha pena con el general (r) Jorge Enrique Mora, pero no comparto su afirmación de que el debate respecto a si la guerrilla hará ‘dejación’ o ‘entrega’ de armas es solo una discusión semántica. No por nada, un colega suyo, el general (r) Manuel José Bonnet, sugiere “que se emplee de manera oficial el término ‘entrega de armas’ ”.

Sin embargo, creo que la entrega de armas podría convertirse en un hecho meramente anecdótico y efectista en tanto las Farc –como sospechamos muchos– no se desarmen de conciencia, pues, para una organización criminal que tiene ingresos anuales de 600 millones de dólares, según cálculos conservadores, no debe ser muy difícil hacerse con un cargamento de armas como el de los 10.000 fusiles que le arrojaron desde un avión en la región de Barrancominas, en 1999, y tampoco es imposible que el gobierno de Venezuela la arme con miles de los AK-47 comprados a Rusia o de los producidos en la fábrica que Chávez decidió montar.

Todo esto no puede terminar siendo un problema de semántica. Cada semana se anuncia que no habrá impunidad, que no se darán amnistías ni indultos como en el pasado, pero luego se insiste en penas alternativas que no entrañan privación de la libertad, como desminar, hacer trabajo social o aplanar nalgas en el Congreso, con lo que se incurre, sin empacho alguno, en los mismos juegos semánticos de las Farc, para las que el secuestro es retención, la extorsión, impuesto y matar, hacer justicia.

Una verdadera mamadera de gallo, que se hará extensiva a la muy prometida refrendación de los acuerdos. Ya de Palacio mandaron a Roy Barreras a anunciar que esto no se va a hacer con referendo, alegando que, si el papel no se firma a comienzos de 2015, no habría tiempo de organizar el referendo para el 25 de octubre, cuando se eligen autoridades locales.

Pero no es por eso; no hay que pecar de ingenuos. Si la dificultad radicaba en el umbral, la Corte Constitucional le rompió el pescuezo a la Carta para poderlo realizar el mismo día que otros comicios. Si ahora la dificultad estriba en que debe preguntarse cada punto por separado, la Corte dispondrá lo contrario. En realidad, el problema es que los colombianos no aceptarán las condiciones pactadas que los ponen de rodillas ante su peor enemigo. Eso no es reconciliación, sino humillación. Según la última encuesta Ipsos, el 81 por ciento de los colombianos pide cárcel para el secretariado, y el 70 por ciento se opone a que hagan política.

Aun así, el señor Fabrizio Hochschild, coordinador humanitario de la ONU en Colombia (el mismo que sugirió que la justicia indígena violó el debido proceso de los guerrilleros que recibieron condenas ejemplares), anunció que la mesa de La Habana “crearía un mecanismo o un ente que juzgue los delitos de lesa humanidad de las Farc”, lo que parece ser la misión de Ernesto Samper en Unasur.

Y Humberto de la Calle fue mucho más allá al pedir una redefinición del delito político, lo que no es otra cosa que hacer una paz a la medida de las Farc. Posición avalada por Santos en diálogo con EL TIEMPO: “… hoy el delito político abarca muy pocos delitos conexos. Hay que incluirlos para poder avanzar en un camino realista, para que jurídicamente podamos lograr la paz”.

¿Alguien duda aún de que lo que se busca es la total impunidad por la vía amañada de reescribir las normas? ¡Qué vergüenza! ¡Como si el mal se pudiera reparar borrando el delito; como si se pudieran revivir los muertos o devolverles el tiempo perdido a los secuestrados! Estas no son cuestiones de semántica, sino de envilecimiento moral.

Se ve venir la constituyente que anhelan las Farc, con grave riesgo para la democracia colombiana. Y eso si la suspensión del proceso se levanta.

(Publicado en el periódico El Tiempo, el 18 de noviembre de 2014)