La seguridad pisa arena movediza

Cerca de completar los cien días en el poder, el mandato del presidente Gustavo Petro Orrego se mantiene entre la incertidumbre y la expectativa en casi todos los órdenes, incluyendo, claro está, el de la seguridad. No obstante, los anuncios en este frente no han sido pocos ni intrascendentes, aunque se han quedado más que todo en palabras y tienen muchas dificultades para materializarse.

Si bien, por ejemplo, el Presidente y su partido se comprometieron a acabar el Esmad, ahora parece haberse desechado la idea acudiendo al cambio de nombre y a transformaciones cosméticas que todavía no se han visto. Y aunque se ha pretendido mantener este escuadrón acuartelado, ya ha hecho algunas apariciones tras la quema, en su ausencia, de un par de CAI de Policía en Bogotá, apenas unos días después de que el director de la institución se sentara con los terroristas de la Primera Línea a negociar el papel de esa fuerza antidisturbios.

Adicionalmente, como es tanta la incertidumbre que produce el cambio de ministerio de la institución policial, hay casos paradigmáticos en los que se nota cierta prevención hacia el cumplimiento de las obligaciones legales y constitucionales que hacen parte de sus responsabilidades. Uno de esos casos es el de la invasión de tierras, que tiene su epicentro en el Cauca, pero que ya se ha expandido a lo largo y ancho del país. Lo cierto es que la ley determina que la Policía debe expulsar a los invasores en las primeras 48 horas, a partir de las cuales la situación queda en las manos de un juez. No obstante, se señala a la Policía por no actuar, aunque sin ponderar que no se quiere utilizar el Esmad y la instrucción del ministro Velásquez en el sentido de que un desalojo no puede provocar muertos, desautorizando el uso legítimo de la fuerza.

A su vez, como nadie quiere terminar preso, algo similar puede estar ocurriendo al interior de las Fuerzas Armadas con instrucciones como la de no bombardear los campamentos de los denominados «objetivos de alto valor» en los que pudiera haber menores de edad, bien sea por su propia voluntad o como víctimas de reclutamiento forzado. Luego, como es tan difícil establecer la edad de un mozalbete de 17 o 18 años, es mejor no hacer nada: «ante la duda, abstente», dice el refrán. Además, muchos de estos «objetivos de alto valor» andan en conversaciones con el Gobierno en busca de los beneficios que le puedan sacar a la «paz total», lo que de entrada los blinda.

No parece exagerado, entonces, afirmar que nuestra Fuerza Pública está maniatada por las disposiciones del nuevo gobierno, el cual es muy dado a afirmar su compromiso irrestricto con el cumplimiento de la Constitución y la ley, pero cuyas políticas pueden estar en contravía de la legalidad en aras de perseguir la paz y el entendimiento entre los colombianos. Una apuesta que puede provocar mayor violencia que la que se quiere evitar.

Transar con todos los delincuentes en pos de la «paz total», pagarles 800.000 pesos mensuales a 100.000 jóvenes delincuentes y establecer «diálogos vinculantes» por todo el país con organizaciones terroristas como el ELN, son acciones que estimulan la ilegalidad en vez de combatirla, amén de generar la impresión de que el gobierno de Petro está conformando unos «colectivos» con poder armado que garantizarían el apoyo popular que requieren sus reformas y la permanencia en el cargo para implementarlas. Recuérdese que, en campaña, siempre dijo que se requerirían unos doce años para llevar a término sus propuestas, a pesar de que a menudo pareciera estar improvisando.

¿Qué más podría haber al interior de nuestros organismos de seguridad que incertidumbre y expectativa ante semejante remezón provocado por un gobierno de gentes que antes querían hacer la revolución y hoy, sin cambiar su ideario, son el poder legítimo? Que no se olvide que de nuestras instituciones salieron cerca de 70 generales, incluyendo a algunos que voluntariamente solicitaron la baja, dejando al resto en una situación de inestabilidad que pone en riesgo su sentido de lealtad. Por eso, todos nos preguntamos ¿hasta dónde nos llevará el río?

Especial para Revista ACORE. Edición 133 – Noviembre de 2022.