En este gobierno de la mermelada, de los votos pagados, de la Unidad Nacional amarrada con dineros públicos, como es el de Juan Manuel Santos, era de sospecharse que el apoyo de diversos sectores a su política de paz no era algo desinteresado. Sobraban indicios.
Por ejemplo, en las postrimerías de su primera administración trascendió que su gobierno había derrochado 2,3 billones de pesos en publicidad y eventos, con lo que se granjeó el respaldo de la mayoría de los grandes medios de comunicación. Fue tan vergonzoso el arrodillamiento de muchos medios y periodistas, que alguien tan respetado como Juan Gossaín se declaró asqueado. Nunca antes el periodismo se había comportado de manera tan obsecuente hacia un gobierno, en detrimento de la oposición.
Por su parte, a la bancada santista la alimentaron con $3 billones de la mal llamada ‘mermelada’, con los que hicieron obritas en las regiones, distribuyeron contratos y se repartieron ‘comisiones’. Todo para hacerse al control del Congreso de la República.
Sabíamos, entonces, que las loas de algunos medios, periodistas y políticos al proceso de La Habana no eran sinceras, ecuánimes o equilibradas, lo cual explica la profusión de informaciones absurdas y de mentiras malintencionadas que se repiten sin parar, fundamentadas en la falacia de que estamos en ‘guerra’ y que todas las guerras se terminan con una negociación.
Como si fuera poco, han venido al país expresidentes, periodistas y activistas políticos extranjeros que, en calidad de prepagos, nos han inoculado el cuento de que la paz está por encima de la justicia, la tesis central en torno de la que gira la claudicación frente al terrorismo. Incluso, hay declaraciones tan abyectas como la de Jody Williams, coordinadora de la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas que ganó el Nobel de Paz en 1997, quien en el marco del Hay Festival (¿realizado con dineros oficiales?) argumentó que no se debía pretender que todos los implicados con guerrillas, paramilitares o narcotráfico fueran a la cárcel porque “no quedaría nadie en las calles”, un insulto a todos los colombianos que se ampara en ese gran embuste de que el ‘conflicto’ es culpa de todos.
Otro asistente al mismo evento, el periodista británico John Carlin, aseveró que en Sudáfrica se sacrificó la justicia “para no perpetuar el dolor”. Y, en simultánea, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Leonidas Bustos, detonó una carga de profundidad que estremeció los cimientos del Estado al expresar que “el derecho no puede ser obstáculo para la paz”.
Claro que semejante despropósito ya no sorprende a nadie porque es lo que viene repitiendo hace rato el fiscal general Alejandro Montealegre, funcionario de bolsillo de Santos que tenía jugosos contratos de asesoría con su gobierno hasta que ‘Juampa’ lo incluyó en la terna y lo hizo nombrar en ese cargo.
Los intereses creados quedaron en evidencia al destaparse los millonarios contratos celebrados entre el gobierno de Santos y decenas de personas y entidades que reciben sumas millonarias por apoyar el proceso de La Habana a toda costa, sin importar que lo que se esté llevando a cabo sea la disolución de las instituciones y el orden constitucional para entregarle el poder a una banda criminal.
El caso más aberrante implica al doctor Antanas Mockus, quien el año pasado recibió 480 millones de pesos “para invitar a una movilización ciudadana que promueva el respaldo social ante las conversaciones (…) de La Habana”. Como vemos, el objeto del contrato lo dice todo, por lo que su ‘marcha por la vida’ es espuria. Pero, hay más: en 2013 tuvo un contrato con Ecopetrol por $699 millones dizque “para fomentar un cambio cultural en los comportamientos (…) de los trabajadores”. ¿Qué independencia u objetividad puede tener este señor?
Cuando alguien habla bien de la paz de Santos, es preciso presumir que se trata de ‘publicidad política pagada’. Si la ‘paz’ se estuviera llevando a cabo dentro de los límites que dicta la sensatez, no sería necesario comprar apoyos, surgirían de manera espontánea. Pero, tratándose de una traición, cada cual lleva sus 30 monedas de plata.
(Publicado en el periódico El Mundo, el 16 de febrero de 2015)
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