Mucha gente pontifica acerca de lo que debe hacerse en Medellín para controlar el levantamiento de las pandillas en las comunas más pobres y, como era de esperarse, hay quienes tratan de justificar el asunto con el tema de las carencias económicas –el mismo argumento que se esgrime para justificar la violencia guerrillera–, concluyendo que mientras no se solucione la pobreza y la desigualdad social, y se les ofrezca a estas personas una vida realmente digna, no habrá paz.

El problema de pandillas violentas que controlan el negocio del microtráfico de drogas no es exclusivo de Medellín ni de Colombia. El mismo existe en las favelas de Río de Janeiro y en toda Centroamérica, con el protagonismo de las ‘maras’, cuya influencia llega hasta los Estados Unidos. Igualmente, la oleada de violencia en México está directamente relacionada con el tráfico de narcóticos, y en Caracas, que se disputa con Ciudad Juárez el deshonroso título de ser la ciudad más violenta del mundo, son las pandillas de la droga las que mandan en los barrios.

En el primer mundo también se dan casos de esta violencia que da cuenta de una segregación económica y social. Hace unos años sucedió en Clichy-sous-Bois, una ciudad de los suburbios de París, donde se amotinó, según Sarkozy, la chusma, la escoria, la canalla que incendió cientos de carros y destruyó decenas de almacenes en muchas ciudades francesas. En ese entonces decíamos que “las razones de descontento de los revoltosos de París son las mismas de los muchachos pobres de Medellín: no tienen acceso a educación de calidad, les niegan trabajo al conocer su origen, no hay maneras de redimir su pobreza en el corto plazo, se ven humillados por las diferencias de clase y no hay certidumbre que los haga sentirse ciudadanos”. Y nos preguntábamos: ¿por qué (los nuestros) no vienen de los barrios marginados a quemar carros y saquear comercios, qué los detiene? (El Tiempo, 16/11/2005).

Claro que no en todas partes se esgrime el problema de la pobreza como la causa de la violencia. El sacerdote Alejandro Moreno, director del Centro de Investigaciones Populares de Caracas (CIP), señala que ni la pobreza ni las condiciones de vida de los sectores populares explican la violencia delincuencial y que esa es “una creencia anclada en gran parte de la opinión pública que debe ser desmitificada”. Para Moreno, las circunstancias fundamentales que explican los niveles de violencia del país vecino son “la abundancia de armas en la calle y la facilidad para adquirirlas, y la debilidad del Estado para ejercer el control y el orden de las cosas”. Y concluye: “esta situación va a crecer si no cambian las circunstancias en las cuales nos encontramos. No me refiero a la pobreza, sino a la presencia de armas en la calle, a la disolución y al debilitamiento de las instituciones del Estado, al abandono de las comunidades a sí mismas, al sometimiento de las comunidades a la acción de cualquier forma de violencia” (El País, 18/04/2010).

Tanto en Rio de Janeiro, como en Centroamérica, Caracas y Medellín, las pandillas ya dieron un paso adelante en su actividad criminal al ejercer control territorial e incursionar en el ámbito de la extorsión generalizada, haciendo insoportable la vida de las comunidades. Es decir, en primera instancia, hay apropiación violenta de territorios con el fin de monopolizar la venta de drogas, cuyas utilidades no son nada despreciables. Y, luego, no contentos con las ganancias del microtráfico, estas bandas extorsionan negocios legales en su área de dominio, llegando al extremo de cobrarles ‘contribución’ a los mismos habitantes. Coerción que puede ser más lucrativa que el monopolio de narcóticos.

Medellín aún está muy lejos de sus máximos históricos de violencia. En 1991, con una población muy inferior a la actual, hubo 6.658 homicidios, mientras que el año anterior fueron 2.186 (datos oficiales del Instituto de Medicina Legal). No obstante, es evidente el deterioro del clima urbano de convivencia, por lo que se vislumbra que podríamos estar al borde de repetir la historia de hace 20 años, cuando pasamos de pugnas entre narcotraficantes –los cobros de cuentas– a una violencia generalizada.

Por eso, el Estado debe anticiparse para ganar esta carrera haciendo presencia con las fuerzas del orden, dándole capacitación y ocupando a estos muchachos y sus familias, y judicializando a los delincuentes irredimibles. No se puede seguir alimentando la impunidad con la evasiva de que toda esta violencia proviene de alguna injusticia. Esa es una disculpa de gente interesada en pescar en río revuelto.

Publicado en el periódico El Mundo, el 30 de agosto de 2010

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Posted by Saúl Hernández

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