En el preciso momento en el  que la justicia colombiana es observada con cierta desconfianza por algunas decisiones claramente tendenciosas –como la captura del ex director de la UIAF, Mario Aranguren–, el coronel Alfonso Plazas Vega ha sido condenado a 30 años de prisión por los hechos acaecidos en el Palacio de Justicia en 1985, llegándose al irónico y absurdo escenario que hace tiempo se temía: que los militares que recuperaron el Palacio terminaran en prisión mientras los terroristas del M-19, que lo quemaron por orden de Pablo Escobar, gozan de plenas libertades y todas las garantías constitucionales, luego de ser indultados por este y muchos otros crímenes.

Hemos dicho en otras oportunidades que la extrema izquierda (el marxismo, el comunismo, el castro-chavismo) se comporta como una religión ecuménica –y acaso intemporal– que no olvida ni perdona; todo lo cobra, su venganza es segura. No de otra forma se explica la persecución que sufrió Pinochet en sus años seniles, incluso proveniente de países distintos al suyo (mientras Castro es homenajeado por ‘demócratas’ como Lula y Bachelet); la condena a Fujimori con base en cargos muy endebles; o la persecución judicial de la que es objeto en Bolivia el ex general Gary Prado Salmón, acusado de dirigir una agrupación golpista a pesar de estar reducido en una silla de ruedas. ¿Qué les están cobrando? Salvar a sus países de las garras del comunismo. Pinochet le arrebató su país al castrismo; Fujimori arrasó con Sendero Luminoso y el Túpac Amaru; y el general Prado fue el héroe que capturó a ese asesino llamado ‘Che’ Guevara.

La faena del coronel Plazas no fue inferior. El M-19 entró al Palacio de Justicia asesinando vigilantes y escoltas de magistrados, o sea regando sangre; no fue orando ni cantando aleluyas. Escobar les había encomendado irrumpir en el momento y hora en que la Sala Penal estudiaba la extradición de narcotraficantes y quemarlo. Y a eso le agregaron la pretensión de hacerle un juicio político al Presidente de la República, Belisario Betancur, por un supuesto incumplimiento en el proceso de paz. Es decir, como cuervos quisieron sacarle los ojos a quien de buena fe y lleno de ingenuidad los liberó de las cárceles en las que estaban confinados por acción del gobierno de Turbay.

Hay razones para creer que la juez del caso, María Stella Jara, prevaricó. En el proceso contra el coronel Plazas hubo testigos falsos y testimonios que les restan credibilidad a los mismos. No es posible creer en alguien que no se identifica con su verdadero apellido y que miente descaradamente en materia de fechas, lugares y hechos. Alguien que para la época estaba en una guarnición militar de Granada (Meta) y dice que lo trajeron al combate de Palacio –cual Rambo criollo– en un helicóptero con capacidad para 15 personas, que para la época no lo había en el país, y que a los desaparecidos los sacaron de Palacio en los tanques que entraron por la puerta principal, cuando en estos sólo caben sus tres tripulantes.

De hecho, si los sacaron en los tanques, ese testimonio riñe con la creencia de quienes reconocen a sus parientes en videos borrosos. Por mucho que les duela a quienes buscan venganza o dinero, los más serios indicios señalan que en el Palacio de Justicia no hubo desaparecidos. Así lo estableció el Tribunal Especial de Instrucción que se creó para investigar los hechos: “existía un grupo de cadáveres que necesariamente corresponde a desaparecidos y es sensiblemente igual al de la lista, (…) los llamados desaparecidos perecieron en el holocausto”.

Pero hay un argumento más contundente que demuestra la existencia de una duda razonable en este caso, como es la absoluta carencia de un móvil para desaparecer a los empleados de la cafetería. Que los familiares de Gaona Cruz y Carlos Urán especulen que estos salieron vivos, los mataron afuera y regresaron los despojos a Palacio para el levantamiento, apoyados en el argumento de que llevaban demandas contra militares, genera una sospecha más o menos lógica. Pero si los militares les salvaron la vida a tantas personas, ¿por qué ensañarse con los empleados de la cafetería? ¿Tan malo era el café?

Hay tantas irregularidades en este proceso que no cabe duda de que se trata de una vindicta ideológica. Plazas fue la cabeza visible de la retoma, coronada con su famosa frase: “¡Aquí defendiendo la democracia maestro!”, pero como la extrema izquierda es insaciable y como la Justicia es hoy su títere, hasta Belisario debería poner las barbas en remojo. Y si la cosa es así, habrá que revisar la amnistía otorgada al M-19 por aquello del principio de igualdad que consagra la Constitución colombiana.

Publicado en el periódico El Mundo, el 14 de junio de 2010

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Posted by Saúl Hernández

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