Yair Klein es culpable de muchos crímenes o, por lo menos, eso dicen. De ser un instructor militar que se vendía al mejor postor y que adiestró sicarios y paramilitares en Colombia, pasó a estar señalado de ser autor de masacres y magnicidios, y hasta narcotraficante. Es obvio que el simple hecho de haber entrenado a delincuentes en actividades terroristas es razón suficiente para hacer legítimas las aspiraciones de Colombia de condenarlo a prisión, pero no falta en este caso el relativismo moral tan propio de la izquierda.

En efecto, lloran como plañideras los miembros de muchas ONG que, por años, han retorcido la imagen del país en el exterior, vendiendo la idea de que aquí se violan sistemáticamente los derechos humanos. Pues ese concepto es el que Europa (el Tribunal de Estrasburgo) ha comprado para negar la extradición de Klein. Y como si no fuera suficiente que esas ONG de izquierda resultaran siendo ‘víctimas’ de su propia medicina, se pretende culpar al ex vicepresidente Francisco Santos por haber expresado que el mercenario israelí tenía que pudrirse en una cárcel colombiana. ¿Acaso no es esa la contundencia que se ha reclamado contra los ‘paras’ y sus cómplices, incluso desde Europa?

La verdad es que tras las lágrimas de cocodrilo solo hay un afán de vindicta. Estas personas nunca han pedido que se haga justicia con los muchos terroristas que han instruido a miembros de las Farc tanto en el país como en el extranjero. El caso más paradigmático es el de los tres famosos terroristas del Ejército Republicano Irlandés, James Monaghan, Martin McCauley y Niall Connaly, que vinieron a entrenar a las Farc en el Caguán, siendo detenidos cuando salían del país para, meses después, ser liberados sospechosamente por un juez.

A los activistas del desgastado marxismo no les preocupa, en lo más mínimo, que los irlandeses estén protegidos en su país por los acuerdos del Viernes Santo y que ello constituya un monumento a la impunidad. A fin de cuentas, ellos persisten en el argumento falaz de que los crímenes de la subversión son ‘altruistas’ mientras los cometidos por narcos y paramilitares son crímenes de lesa humanidad. Es decir, según esa aberración, las víctimas de las guerrillas no valen nada.

A decir verdad, lo que muchos buscan con la extradición de Klein, como el senador Juan Manuel Galán, es que este denuncie en Colombia “a empresarios, políticos y militares” que hayan tenido alguna relación con la expansión del paramilitarismo en los años 80, para aplicarles la estrategia instaurada por la Corte Suprema de Justicia en los casos de la parapolítica: cárcel para cualquiera que sea incriminado sin importar la precariedad de la confesión.

Por otra parte, el oportunismo de estos antropófagos también puede apreciarse en el caso de los graves hechos acaecidos en Tame (Arauca), donde el subteniente del Ejército Raúl Muñoz, un criminal aborrecible que se coló en las filas de la institución, violó dos niñas y asesinó a una de ellas junto con sus dos hermanitos. Pues bien, de inmediato aparecieron las insinuaciones de que el crimen era atribuible a toda una compañía de la Brigada 18, con expresa responsabilidad del mando superior, y que este tipo de abusos son comunes por parte de uniformados. Incluso la ONU, y su delegado en Colombia, saltaron a la palestra como un vampiro sobre su presa cuando, generalmente, esta entidad poco interés manifiesta por las continuas violaciones y asesinatos de menores que quedan en la impunidad, y mucho menos por los que son cometidos por las guerrillas.

Son tan tendenciosas las actitudes de los miembros de diversas ONG frente a casos como este que a pesar de que se ha demostrado que el criminal fue un solo individuo –un sádico que mancilló el honor militar y sobre quien debe caer todo el peso de la ley–, y que el acto se cometió al margen de cualquier actividad militar, alientan la idea de que los culpables fueron, necesariamente, varios militares, y que este es otro eslabón más de la supuesta cadena de infracciones y violaciones de los derechos humanos atribuibles al Ejército de Colombia. Veremos, en próximos días, cómo convierten este triste acontecimiento en otra campaña de desinformación en contra de nuestra fuerza pública.

(El Mundo, 15 de noviembre de 2010)

Posted by Saúl Hernández

Deja un comentario