Una de las peores cosas que puede hacer la clase política para ocultar su desidia e incapacidad es tapar un error con otro peor, lo que, para colmo, casi siempre conlleva alguna prohibición que agrava más el asunto. Un ejemplo es lo que se trae el gobierno entre manos para ponerle coto al problema de movilidad en las ciudades: restringir veladamente la comercialización de vehículos particulares.

Lo que se está cocinando en el Ministerio de Transportes es una disposición maloliente que introduce el concepto de ‘cupo’ en el parque automotor particular, sin que la compra de vehículos sea prohibida en la práctica. Es decir, usted puede comprar su carrito pero si la ciudad donde lo piensa matricular no tiene cupos libres tendrá que dejarlo en el garaje hasta que alguien decida chatarrizar un carro viejo y cederle el cupo.

Eso, por supuesto, ocasionará un fenómeno que hace tiempo se da entre transportadores de servicio público, como es la compraventa de cupos, donde termina valiendo más el cupo que un coche nuevo. Un taxi puede valer 20 millones mientras el cupo 50 o más, dependiendo de la ciudad donde lo matricule, la empresa a la que lo afilie o la importancia de la ruta, en el caso de un bus.

Y al igual que cuando se especula con la papa o el arroz, cabe esperar efectos francamente nocivos. Los vehículos particulares se encarecerán enormemente, tanto que para tener un Twingo nuevo habrá que desembolsar lo que vale un BMW. En consecuencia, los carros de segunda serán un tesoro del que nadie saldrá, a menos que la ley estipule chatarrizarlos obligatoriamente, de acuerdo a su antigüedad. De lo contrario, el parque automotor se envejecerá, tornándose obsoleto e incrementando el riesgo de accidentes

También es factible una disparada de la corrupción en las oficinas de Tránsito, donde se ideará cualquier treta para permitir la matrícula de carros nuevos. Y los delincuentes harán su agosto con un mercado negro de carros y cupos, aumentarán los robos, habrá chatarrizaciones mediante coacción y hasta acciones vandálicas para liberar cupos.

Tener carro será tan caro que muchos recurrirán a las motos y, ante el colapso vial resultante, su comercialización tendrá que regularse también. Por otra parte, el pésimo servicio público de nuestras ciudades no dará abasto para transportar a tanta gente. El carro, que había llegado a tantas personas de clase media, volverá a ser un privilegio de pocos.

Las consecuencias económicas serán aún peores. Según Proexport (2010), la industria automotriz representa el 6,2% del PIB y emplea el 2,5% de la población ocupada, tratándose, por cierto, de mano de obra calificada. Este sector es un gran jalonador de toda la economía, la incidencia indirecta es mucho mayor por el consumo de combustibles, el pago de impuestos y un sinnúmero de actividades relacionadas. Ninguna economía ha prosperado sin una fuerte participación de la industria automotriz.

Pero hay que precisar que si los carros no caben, no es porque tengamos muchos: según el Banco Mundial, Colombia es uno de los países con menos vehículos por cada mil habitantes, sólo 58 (2008). En contraste, Argentina tiene 314 y Bolivia 68. En cuanto a vehículos nuevos (Índice de Motorización), aquí se vendieron, en 2010, 5,6 unidades por cada mil habitantes mientras el promedio regional fue de 11,6. Chile, con la mitad de nuestra población, alcanzó un índice de 16,9.

Como si fuera poco, tenemos el menor índice de kilómetros de carretera pavimentada por millón de habitantes en Latinoamérica, con 292 (2008), en tanto que Bolivia tiene más de 400. Mientras se cocina este absurdo, en Cuba se acaba de autorizar la compra y venta de carros, prohibida durante medio siglo.

(Publicado en el periódico El Mundo, el 3 de octubre de 2011)

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Posted by Saúl Hernández

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