Mientras los sacerdotes nicaragüenses ponen en riesgo su integridad para defender la democracia, el clero colombiano sigue cerrando filas a favor de las trasnochadas ideas del comunismo. No solo se les ve dichosos en fotos con terroristas de las Farc sino muy activos haciendo campaña por Petro desde los púlpitos o dispuestos a aprovechar las concesiones del acuerdo de La Habana para hincar el diente en los secretos de la defensa nacional.

La solicitud que ha hecho el sacerdote Francisco de Roux, presidente de la mal llamada ‘Comisión de la Verdad’, es una verdadera aberración. Quiere De Roux que se le entreguen todos los archivos de la inteligencia militar desde 1953 hasta la fecha, como si la mencionada comisión tuviera competencia para hurgar en documentos que pueden contener información muy sensible para la seguridad nacional, y con el agravante de que las inclinaciones hacia la izquierda de este sacerdote y de la mayoría de los miembros de esa entidad, son bien conocidas. Entregarles a ellos esta información es entregarle secretos al enemigo, cosa que es más absurda aún cuando por estos días Venezuela nos amenaza con enviar sus aviones Sukhoi a derribar los siete puentes más importantes sobre el rio Magdalena.

Razón tienen muchas personas al argumentar que la Comisión de la Verdad debería dedicarse a cosas más significativas como pedirles a las Farc la verdad sobre los secuestrados, la verdad sobre los desaparecidos, la verdad sobre los niños reclutados, la verdad sobre las violaciones y los abortos obligados, la verdad sobre su multimillonario patrimonio y mil cosas más. Es que, en definitiva, entregarle esos archivos a esa comisión es un acto de traición a la Patria.

También ha dado la Justicia Especial para la Paz los primeros pasos para poner en marcha el engranaje que le garantice impunidad a los terroristas de las Farc de acuerdo con lo pactado en La Habana. De un momento a otro citaron a 31 cabecillas a comparecer ante esa corporación para una supuesta rendición de cuentas en lo referente al tema del secuestro.

Pero se equivocan quienes creen que allí se producirán castigos contra esos terroristas, no. La JEP terminará por absolverlos después de un proceso que parezca más o menos serio, en lo que además constituye un esfuerzo por ganarse un lugar en la institucionalidad colombiana y evitar que el Centro Democrático materialice su propósito de llevar a cabo un referendo derogatorio de esa jurisdicción.

Y todo esto ocurre en un momento especialmente álgido por la racha de asesinatos de los denominados ‘líderes sociales’. Sobre esto hay que empezar por ser precisos con esta expresión porque, si bien todo asesinato debe ser repudiado y castigado, no se puede convertir a bandidos en líderes sociales ni darle esa denominación a cualquiera. No se es un líder social solo por pertenecer a una asociación campesina o a un sindicato, mucho menos por ser un terrorista amnistiado.

Al margen del uso indiscriminado que se le da al término para así engrosar el número de víctimas a 311 ‘líderes’ asesinados desde el 2016, resalta el uso político que se le quiere dar al tema, pues a pesar de que la mayoría de estos asesinatos han sido cometidos por el Eln, las Farc (con el mote de ‘disidencias’) y bandas criminales como el Clan del Golfo, básicamente en aras del control de negocios ilícitos como el narcotráfico y la minería ilegal, viene Gustavo Petro a hacer un aprovechamiento vulgar de estas muertes metiendo el cuento de que se trata de un genocidio de líderes de la ‘Colombia Humana’, su facción, perpetrado por el ‘paramilitarismo fascista de la oligarquía del nuevo gobierno’.

Esa es una clara muestra del tipo de oposición trastornada y perturbadora que quiere hacer la izquierda para entorpecer el gobierno de Iván Duque y tornarse en alternativa de poder para el 2022. Sin duda, otro acto de traición y otro intento de destruir nuestra democracia.

(Publicado en el periódico El Mundo, el 16 de julio de 2018).

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Posted by Saúl Hernández

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