Se puede desarticular más fácil a la guerrilla ayudando a los inconformes a desertar que dándolos de baja en combate o capturándolos.
No cabe duda de que la mayoría de colombianos prefieren que el Ejército arrase a los terroristas de la guerrilla y a los paramilitares antes que ceder en cualquier tipo de negociación. Eso no incluye a las bases, por supuesto, casi todos campesinos puestos ahí como carne de cañón, pero sí a los cabecillas cuyo único destino justo es la cárcel o el cementerio. Por eso, la propuesta del presidente Uribe, de otorgar libertad condicional a los autores de delitos atroces, a primera vista, parece una concesión inaceptable en un presidente que fue elegido por prometer todo lo contrario, la mano dura que los colombianos pedían. Y parece como si al presidente lo hubieran ablandado a punta de criticas, con el sermón insistente de que no ha hecho más que proponer guerra y no se ha visto su «corazón grande», o con las opiniones y denuncias cínicas de los colaboradores de las guerrillas, como las majaderías que Amnistía Internacional manifestó la semana anterior en el sentido de que la política de seguridad de Álvaro Uribe ha incrementado la violación de los derechos humanos en Colombia.
Sin embargo, la propuesta del Presidente se origina en un escenario donde priman las realidades y no las conjeturas. Según expertos en la materia, Colombia requiere una correlación de fuerzas muy superior a la actual para derrotar a la guerrilla, por lo menos 300 mil hombres, y no los escasos 60 mil que están haciendo milagros. El Estado no tiene recursos para ampliar su capacidad militar de manera acelerada y en las proporciones convenientes; la reestructuración administrativa apenas permitirá un mínimo crecimiento presupuestal para las Fuerzas Armadas y el impuesto al patrimonio, por una sola vez, escasamente alcanzó para aliviar una parte del déficit y para una modesta inversión en crecimiento de la fuerza pública.
La otra realidad es que es imposible meter a las cárceles a todos los guerrilleros del país, ni es viable oxigenar ni mantener latente la perspectiva de un proceso de paz sin crear leyes que le abran espacios en la sociedad a los combatientes. Nadie va a firmar un acuerdo de paz si va a ir a la cárcel, por tanto no dejará la clandestinidad, ni el fusil, ni las prácticas criminales. Si algo entiende el Presidente es que a Colombia hay que sacarla de la guerra lo antes posible para posibilitar una gran revolución educativa, restablecer el sector agropecuario, atraer la inversión privada nacional y extranjera… Dar pasos hacia el desarrollo, como lo están haciendo otros países que no tienen un agente desestabilizador interno, sólo es posible acabando o aminorando la intensidad del conflicto.
Y para ello hay que impulsar estrategias. En lo que va corrido del gobierno actual se han desmovilizado 700 guerrilleros, incluyendo cabecillas como alias Fidel, y alias Carlos Ploter, ideólogo del Frente 9º de las Farc. Lo que en principio fue diseñado casi como un programa humanitario para reinsertar niños combatientes, mujeres y campesinos reclutados por la fuerza se convirtió en una contundente arma de guerra. Los guerrilleros se están reinsertando por razones que van desde el maltrato físico y sicológico o el incumplimiento en el pago de los salarios prometidos hasta el hecho simple pero trascendente de que no comparten la ideología o las razones de ser del movimiento guerrillero, sus motivaciones casi siempre son personales y se desvanecen tan fácil como surgieron o como les propongan algo mejor. De otra parte, muchos comandantes guerrilleros están dudando ya de poder llegar a viejos como Marulanda y morirse de vejez como Jacobo Arenas y el cura Pérez mientras persista la firme decisión del gobierno para combatirlos, la disposición del Ejército y el rechazo social. No deben ser muchos los que creen posible llegar al poder por las armas.
Hay quienes quieren entregarse pero tienen expedientes más gruesos que una guía telefónica. Su reinserción sería un golpe tanto o más fuerte que capturarlos o darlos de baja, y si bien puede entenderse como impunidad también debe entenderse que la reinserción debe conducir a la cesación de delitos y no a repetir la historia de Pablo Escobar en La Catedral. Una ley de este tipo deberá probar su eficacia de dos maneras: atrayendo desertores en ‘calidad’ y cantidad; y, logrando que el beneficiario no delinca más debiéndose contemplar graves castigos para los reincidentes.
Causa extrañeza que algunos vean en esta iniciativa una salida de gracia para los paramilitares; si se permiten acuerdos con las guerrillas con mayor razón han de poderse hacer con quienes surgieron en respuesta a su barbarie. Causa extrañeza que se critique esta propuesta por favorecer la impunidad cuando los jueces lo hacen todos los días: Wildiman David Quintero, terrorista del frente 18 de las Farc, autor intelectual y material del asesinato de 24 campesinos en Tierralta (Córdoba) y el derribamiento de un helicóptero del Ejército, que cobró la vida de 24 militares, quedó libre por orden del juez segundo especializado de Antioquia, quien a pesar de tener en sus manos documentos probatorios entregados por la Fiscalía que demostraban el prontuario criminal de Quintero y además contar con la confesión del terrorista de haber participado en las tomas a los corregimientos de La Rica y San José, municipio de Puerto Libertador (Córdoba) y a los corregimientos de La Caucana y Santa Ana, en los municipios antioqueños de Tarazá y Briceño, ordenó la libertad de este asesino por considerar que en la orden de captura no había sido plenamente identificado. Igualmente, el pasado 10 de mayo, la ‘justicia’ precluyó 13 procesos en contra de ‘Alfredo Arenas’, jefe del frente 22 de las Farc. ¿Qué tal?
