Plebiscito contra la violencia

Un avezado columnista de prensa se atrevió a decir hace poco que el orden institucional en Colombia está seriamente amenazado. Eso no es una novedad; ni el hecho mismo ni la afirmación, lo infrecuente sería decir que no es precisamente la guerrilla la que está provocando tal riesgo, es un cúmulo de cosas que se han ido alimentando ante la pasividad del Estado y la indiferencia de la sociedad civil, no es otra cosa que la patria boba.

Ayer, en El Espectador, apareció un testimonio de una mujer secuestrada en la iglesia La María, en Cali, donde se relata que hace pocos meses descubrió a la guerrillera que la cuidaba, trabajando como cajera en un centro comercial de Bogotá, la denunció a gritos y fue capturada. El año anterior un industrial aseguró que le sucedió lo mismo cuando iba a pagar un mercado en un almacén Éxito. Según el coronel Leonardo Gallego, director del Gaula, «la guerrilla o la delincuencia común infiltra miembros en empresas o lugares idóneos para obtener información». Hasta el 30 de noviembre, 2.965 personas habían sido secuestradas en Colombia. En 1999 fueron 2.757.

Pero eso no es nada. El presidente de la Asociación de Comerciantes de Autopartes (Asopartes), Tulio Zuluaga, denunció que 9.500 personas fueron asesinadas en 1999 para robarles sus vehículos y que este año la cifra ascendería a 13 mil. Asimismo dijo que el número de automotores robados alcanzará los 37.000 a finales de diciembre, frente a 33.000 que se robaron el año pasado. Esos robos de automotores le cuestan al patrimonio de los colombianos $512.000 millones, de los cuales sólo el 35 por ciento  están asegurados, por lo que se pierden $320.000 millones.

Aún hay más. En Medellín existen, según la oficina de Paz y Convivencia, 200 bandas compuestas por más de 8 mil jóvenes de entre 14 y 25 años dedicados al robo, la extorsión y el sicariato. El año anterior, la Policía desvertebró la banda del barrio París, que a través de ilícitos se había apropiado de una flota de 40 buses, y un fiscal de Bogotá, bajo amenaza o soborno, les dio la libertad. Un jefe de pandilla apodado Mechas dice en El Tiempo de ayer que los paras, las Farc y el Eln les están ofreciendo de todo con tal de que se unan a sus filas «pero los mandamos a la m…, porque nuestra revolución es contra las tripas vacías».

Tripas vacías. Hace 13 años el alcalde de Medellín, Juan Gómez, propuso que los industriales donaran el 10 por ciento  de sus ganancias para poner a comer las violentas comunas del nororiente de Medellín. No le pararon bolas y sólo entre 1990 y 1999 hubo 56 mil muertos por homicidio en esa ciudad, según Medicina Legal. Hoy una encuesta de la revista Credencial revela que a la pregunta ¿qué porcentaje total de su patrimonio estaría dispuesto a donar para lograr un acuerdo de paz?, los empresarios contestaron así: No donaría ni un peso, el 59 por ciento; el 21 por ciento  daría el 5 por ciento  de su patrimonio; un 13 por ciento  de los encuestados aportaría el 10 por ciento  y tan solo el 9 por ciento  donaría más del 10 por ciento  de sus bienes.

La historia nos ha demostrado que el Estado es incapaz de tomar correctivos ágiles y oportunos a todos esos males, por eso la propuesta esbozada en el editorial de El Tiempo de ayer es una idea sana y urgente. Dice el editorial que ante la gravedad del problema del secuestro debe hacerse un plebiscito para que todos los colombianos decidamos qué debe hacerse, evitando las presiones que pueda tener el legislativo y los fallos de la Corte Constitucional: «No parece recomendable ni práctico acudir al Congreso para que expida una legislación de emergencia que de seguro la Corte Constitucional tumbaría por errores de procedimiento o consideraciones filosófico-jurídicas. Sin hablar de las presiones y amenazas que sentirían los congresistas que quedarían en la mira de quienes se lucran del negocio del secuestro. La consulta popular es el camino. Para que sea la voz del pueblo, la democracia directa, sin intermediaciones de congresistas chantajeables ni interpretaciones de magistrados que viven en Marte, el que diga si considera que la sociedad colombiana tiene el derecho de defenderse».

Tal plebiscito deberá preguntar todos los temas relacionados como la aplicación de la cadena perpetua, la pena de muerte y la prohibición de pagar las exigencias de los secuestradores entre otros. También cabe la posibilidad de que se pregunte en un plebiscito acerca de la creación de las milicias nacionales y de la gorgonización de las cárceles. La Gorgona era segura porque no había visitas que les llevaran dinero, armas y equipos de comunicación a los presos. También es urgente que la ciudadanía decida darle al Ejército y la Policía la libertad que necesitan para actuar contra el delito en un país que se desangra impunemente, libertades que tienen en cualquier lugar del mundo menos en Colombia gracias al desprestigio propalado por ONG de las guerrillas, que denuncian como violaciones al DIH el accionar institucional contra la delincuencia pero para quienes matar y secuestrar es una reacción justa de los sectores oprimidos.

Esta propuesta corre el riesgo de quedarse en el mismo cajón donde está archivado el Referendo, porque nuestros dirigentes son incompetentes para las soluciones pero muy hábiles para obstaculizar las iniciativas ciudadanas. Ya que el Estado no nos defiende, que nos dejen legislar a nosotros porque no podemos permanecer como víctimas para siempre.