Fue un error creer que limitando la Justicia Penal Militar y acabando con el fuero, como ha ocurrido en la práctica, se atacaría la impunidad y se reducirían las violaciones de los derechos humanos y al DIH. En realidad, lo que se logró fue criminalizar los errores no intencionados cometidos en el servicio sin considerar que todo ser humano es imperfecto y que no es justo caerles a quienes en suerte les tocó semejante responsabilidad sin tener una formación óptima ni recibir a cambio una remuneración acorde con los riesgos que conlleva la misma.

El resultado final ha sido un garrote jurídico con el que las guerrillas y cualquier otra organización criminal amedrentan a la Fuerza Pública y le ganan batallas sin disparar tiros, lo que constituye una grave amenaza para la seguridad de todos los colombianos, bien sea que padezcamos un desafío terrorista, un conflicto armado o un problema de delincuencia desbordada, y más aún cuando se busca un marco especial para la paz.

¿Por qué a los integrantes de la Fuerza Pública los debe cobijar un fuero especial? La mayoría de nosotros tiene la fortuna de poderse equivocar y enmendar, sin tener que lamentarse de las consecuencias. Muchos otros, en cambio, desempeñan oficios potencialmente riesgosos. Y, en esos casos, cuando un civil comete un error, se presume su buena fe, incluso en ocasiones en que se observa una conducta negligente que raya con lo criminal. ¿Por qué, entonces, no hay la misma indulgencia con los uniformados?

Los errores médicos, por ejemplo, suelen taparse con tierra pero, salvo casos excepcionales, prevalece el criterio de que mal podría tildarse de asesino a quien intenta preservar la vida de los demás. Luego, como su intención es bondadosa, hasta se les excusan probables omisiones. Y, a menos que haya una falta clara, no se considera lógico ni justo llevarlos a un estrado judicial.

Asimismo, no sería sensato que el conductor de la recicladora de asfalto que les ocasionó la muerte a 21 niños del colegio Agustiniano fuera visto como un asesino múltiple o un sicópata comparable con Luis Alfredo Garavito. Es obvio que nadie tenía la intención de provocar semejante accidente, y un accidente es tal aunque se rompan muchas normas y se salten todos los controles. Una desgracia como esa tiene que ser producto de una cadena de errores y de sucesos fortuitos que difícilmente se podrían repetir.

Con los militares y policías pasa lo mismo: se equivocan; y, como su actividad es de alto riesgo, se producen consecuencias lamentables. Por eso, lo más justo sería distinguir no solo si se trató de un acto del servicio, sino cuál era la intención del acto, si hubo dolo, si hubo mala fe.

Violar a una niña y asesinarla junto a sus dos hermanitos no es un acto del servicio ni es un error de ‘buena fe’. Tampoco lo es el asesinar civiles y hacerlos pasar como guerrilleros caídos en combate para mostrar resultados sin arriesgar el pellejo. Ni siquiera el miedo justifica tan deshonrosa cobardía.

Pero el DIH establece claramente que hay actos excusables a pesar de que sus efectos sean espantosos. No se trata de cerrar los ojos y dejar pasar todos los errores (u horrores), sino de entender que a pesar de que la Fuerza Pública cumple protocolos, reglas y formalidades, nunca es posible reducir los errores a cero. Eso sí, hay que insistir en la formación en derechos humanos para erradicar las violaciones e incrementar la legitimidad de las instituciones.

Muchas faltas cometidas por miembros de organismos de seguridad del Estado son imperdonables no solo por su gravedad intrínseca, sino por constituir una traición al honor militar, a la memoria de los compañeros caídos y al pueblo que deben defender, pero la ausencia del fuero no puede seguir actuando como una espada de Damocles que les impida cumplir su deber.

(Publicado en el periódico El Tiempo, el 11 de octubre de 2011)

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Posted by Saúl Hernández

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