Los calificativos que se merecen Íngrid Betancur y su familia, no caben en un titular. Ella, su madre, su hermana y sus hijos, están en trance de demandar al Estado por su secuestro, por un monto cercano a los 16.000 millones de pesos, con el argumento de que el Ejército no le prestó la debida seguridad en su aventura por el Caguán y que el Estado debe repararla por el largo periodo de tiempo que estuvo secuestrada. Sin duda, un acto de cinismo, oportunismo, impudor, mezquindad, desvergüenza, descaro, vileza, bellaquería, insolencia, desfachatez, codicia, sordidez, rapacidad, egoísmo, ingratitud, deslealtad…

Todos los colombianos sabemos que la única responsable del secuestro de Íngrid fue la misma Íngrid, quien contra viento y marea quiso ir a San Vicente del Caguán por razones netamente publicitarias, en un intento por impulsar una campaña electoral totalmente deslucida. Le explicaron que por hallarse en campaña proselitista, no era permitido llevarla en aeronaves oficiales, y le advirtieron hasta la saciedad de los peligros de viajar por tierra a la recientemente disuelta zona de distensión. Sin embargo, no hubo poder humano que la hiciera desistir, por lo que fue necesario hacerla firmar un documento en el último retén militar, en el que ella se hacía responsable de lo que le sucediera. Además, varios miembros de su misma campaña se negaron a acompañarla en tan temeraria correría y se devolvieron para Bogotá.

Es decir, el secuestro de Íngrid difiere sustancialmente de la mayor parte de los miles de secuestros cometidos en Colombia en los últimos 50 años, en el hecho de que las víctimas no han corrido a los brazos de los secuestradores sino que han sido objeto de una especie de cacería por parte de estos, sin que las autoridades hayan podido o querido evitar el acecho. Muchos de esos casos merecerían una indemnización pero no el de Íngrid, quien, como se mencionó, puso en riesgo su propia libertad e integridad, e incluso la de otras personas, y por quien el Estado colombiano –empezando por el Presidente Uribe–, hizo todo lo humano y hasta lo sobrehumano para rescatarla.

Que sepamos, ninguna familia en Colombia ha recibido una reparación económica por parte del Estado a raíz de un secuestro, ni siquiera los que tuvieron que pagar sumas multimillonarias por el rescate del plagiado o cuyos familiares murieron en cautiverio. Esto a excepción de quienes han reclamado reparación por vía administrativa (Decreto 1290 de 2008), que contempla, por “responsabilidad subsidiaria del Estado”, un resarcimiento monetario de 40 salarios mínimos, o sea cerca de 20 millones, algo así como la milésima parte de lo que piden Íngrid y su familia.

A Íngrid Betancur hay que recordarle varias cosas. En primer lugar, que el Estado colombiano invirtió una cifra astronómica en todo lo relacionado con su secuestro y, finalmente, con su feliz liberación. En países como Alemania y (su amada) Francia, se le cobran a sus ciudadanos los gastos en que sus gobiernos incurran para liberarlos en caso de que hayan sido secuestrados ignorando las advertencias. El gobierno alemán le cobró 12.000 euros a Reinhilt Weigel, secuestrada por el ELN, por gastos concernientes a su liberación. Si con Íngrid se cruzaran cuentas, sus pretensiones quedarían en nada.

En segundo lugar, muchas personas arriesgaron la vida para rastrearla, ubicarla y rescatarla. La verdad es que ella era la joya de la corona de las Farc; ante la presión internacional, la Operación Jaque se hizo para rescatarla a ella y, eventualmente, a los norteamericanos. Los militares y policías no tenían la menor prelación. Por ella fue liberado Rodrigo Granda. Por ella el Presidente de la República soportó toda clase de señalamientos desde el extranjero. La Operación Jaque puso en juego la vida de muchos y la reputación de otros, fue un todo o nada y es ingrato no reconocerlo.

Y, en tercer lugar, hay que señalarle a Íngrid que si no fue liberada antes, la culpa no sólo se debió a las Farc –únicas responsables de su secuestro– sino, en buena parte, a su familia, y en especial a su madre, quien en todos estos años se comportó como una verdadera arpía. Ella impidió su rescate en varias ocasiones, a pesar de estar plenamente confirmada su ubicación y de que el número de guerrilleros que la custodiaban era mínimo. Su familia siempre actuó a favor de las Farc, como cuando sabotearon la marcha del 4 de febrero en París.

En sus correos, ‘Raúl Reyes’ dejó en claro que Íngrid iba a ser la última en ser liberada. Piedad ‘Teodora’ Córdoba recomendó lo mismo. Hoy, Íngrid le muerde la mano al Estado que la liberó. Su actitud es aberrante pero, viniendo de ella y su familia, nada es sorprendente. Tampoco lo sería que funcionarios corruptos le concedan así sea un centavo.

Publicado en el periódico El Mundo, el 12 de julio de 2010

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Posted by Saúl Hernández

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