El Gobierno de Santos —o ‘Juampa’, como le gusta que lo llamemos— acaba de salir con otro de sus cañazos: dizque divulgar los pormenores de lo que hasta ahora ha negociado con las Farc. Nada más que un ardid para lograr que los colombianos confíen en el sainete habanero, y para que lo hagan también quienes observan desde el extranjero, pues la decisión se tomó luego de un foro en Miami al que asistieron Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, y durante la estadía de Santos en Nueva York. En ambos sitios les preguntaron si era cierto que Colombia marcha hacia el castrochavismo.

La verdad es que en los tres documentos divulgados no hay nada nuevo, no se ahonda en los detalles de lo que se enuncia y persiste la sensación de que es más importante lo que se calla que lo que se dice, pues sobre las dudas verdaderamente importantes —como cuando se habla de “dejación” de las armas y no de entrega—, no hay nada. Además, “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, por lo que el Gobierno puede hoy decir cualquier cosa y salir al final con todo lo contrario.

Pero no es el único ardid. El Congreso quiere incluir en la Ley de Equilibrio de Poderes, el voto obligatorio, cosa que nada tiene que ver con el objeto de la reforma. Y si se tiene en cuenta que sus promotores son Horacio Serpa y Viviane Morales, no queda duda de que es un orangután, sobre todo porque se propone su existencia solo para las próximas tres elecciones, cobijando la del referendo por las Farc para sortear sin dificultad el tremendo inconveniente del umbral.

Aunque hay razones de peso que justificarían la obligatoriedad del voto, hay que decir que si esta medida fuera tan benéfica todos los países la tendrían y aquí no se estaría proponiendo como una cuestión coyuntural sino en forma definitiva. Su mayor virtud —en teoría— es la de hacer más difícil la compra de elecciones por parte de políticos corruptos. Pero dificultar no es lo mismo que imposibilitar, por lo que nos quedaríamos en las buenas intenciones y en medio de un berenjenal porque imponer castigos por no votar es muy difícil y se podría ser injustos con ciudadanos que no logren hacerlo por causas de fuerza mayor.

Las multas serían un saludo a la bandera en un país donde no se respetan ni las multas de tránsito, y castigar con el retiro de beneficios del Estado en materia de educación, salud, empleo, vivienda, servicios, etc., podría ser aleccionador pero también podría verse como algo discriminatorio y hasta inconstitucional. Sería un castigo proporcional hacia quien no quiere participar en la democracia, pero extremado en la medida en que desconoce la pluralidad en la que se quiere enmarcar a esta.

De manera que hablar de voto obligatorio es perder un tiempo valioso que podría dedicarse a discutir mejoras en el sistema electoral, como la ampliación de horarios, el voto a distancia, la votación en varios días —y en días laborables, por cierto—, etc. Sin embargo, no es el único tema de la reforma que deja dudas sobre la calidad de la misma y de que no sea más que un ejercicio de gatopardismo por el que muchos creen que se están ‘equilibrando’ las cargas cuando la verdad es que se está fortaleciendo la figura presidencial.

En cuanto a la pertinencia de esta reforma, deberíamos preguntarnos sobre la utilidad de ciertas invenciones poco ambientadas como la de otorgarles curules en Senado, Asambleas y Concejos a quienes queden de segundos en las elecciones a Presidencia, Gobernaciones y Alcaldías, respectivamente. ¿Querrán esas curules quienes pierdan la Presidencia de la República, la Gobernación de Antioquia o la Alcaldía de Bogotá? Si no las quieren, ¿quedan esas sillas vacías o quién las asume? Y, lo más importante, ¿eso mejora nuestra democracia?

Finalmente, otro punto que podría ser inane es el de la prohibición del voto preferente. Si bien es cierto que la lista cerrada simplifica la democracia, también lo es que volveríamos a la dictadura del bolígrafo, y si se hacen consultas internas —primarias, como en otros países— reaparecerá en ellas el clientelismo y la compra de votos que se quieren combatir con las listas cerradas. Es que, hecha la ley…

(Publicado en el periódico El Mundo, el 30 de septiembre de 2014)

 

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Posted by Saúl Hernández

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