La realidad del aborto en Colombia

La reciente aprobación de la droga abortiva RU486 (Mifepristone) en los Estados Unidos, ha puesto nuevamente de relieve, en todo el mundo, el tema del aborto. En Colombia también se revivió el debate recordando que el aborto está penalizado por la Ley y es execrado por la Iglesia Católica, que en estos temas todavía parece llevar la batuta de la prohibición ausente de análisis.

Cada año, 350 mil mujeres abortan en Colombia siendo ésta la segunda causa de mortalidad materna en el país. Se calcula que la mitad de los embarazos al año no son deseados y que una de cuatro mujeres en edad fértil se ha practicado un aborto.

El Estado colombiano acepta la práctica del aborto sólo en caso de violación por un concepto jurídico arcaico y obtuso: que al no conocerse la proveniencia del violador se ignora su pasado familiar y, por consiguiente, las taras o ‘desperfectos’ que pueda traer la criatura.

Hasta ahora, nuestro país se ha limitado a seguir las instrucciones eclesiásticas frente al tema para hacer declaraciones tan incoherentes como la realizada en la sesión especial de la Asamblea de Naciones Unidas para evaluar los avances de los compromisos de la Plataforma de Acción Mundial de Beijing para eliminar las formas de discriminación contra la mujer, en junio pasado: «Ante el dolor… del pueblo colombiano por causa de la violencia generalizada tenemos un compromiso inequívoco con el derecho a la vida. Por lo tanto, rechazamos enérgicamente toda acción que signifique su amenaza, incluyendo el aborto provocado».

Tratar de ligar la violencia colombiana con la práctica abortiva no sólo es un despropósito sino un chantaje contra la mujer; es decirle que si aborta se pone al nivel de un sicario o de un secuestrador, y las penas hasta de 12 años que contempla el Código Penal lo reafirman: se trata a la mujer como un monstruo siendo, en este caso, la víctima.

La prohibición del aborto es un acto vetusto porque niega de tajo un avance logrado por el espíritu y la racionalidad humanos en occidente al desligar la sexualidad de la reproducción no solamente para el hombre –como en los países musulmanes y ciertas tribus africanas— sino también para la mujer, cuyo papel en la sociedad no debe ser ni lo es ya el de ser sólo madre.

Ya no estamos en los tiempos en que las faltas al ‘honor’ se soportaban en silencio. La mujer –e incluso el hombre– está en el pleno derecho de elegir si desea o no ser madre y, más aún, si desea o no sobrellevar un embarazo. Esta tesis es aceptada hoy en día ampliamente por los más diversos sectores sociales mas no por el Estado que con su actitud obliga a miles de mujeres, de todas las clases sociales, a exponer sus vidas al practicarse el aborto en condiciones inseguras.

Pero no puede darse a entender tampoco que la solución a todos los males es el aborto. La ausencia del Estado es fácilmente constatable ante la ignorancia olímpica de muchos sectores de la población frente a los métodos de planificación familiar. La relación entre pobreza y tasa de natalidad es directamente proporcional en la sociedad latinoamericana en general. Las clases de mayores ingresos y mejor educación suelen tener un número de hijos muy bajo que no excede dos o tres, mientras las familias de clase baja, donde abundan las mujeres cabeza de familia, superan ampliamente esa cifra con los consecuentes problemas que ello acarrea, de tipo alimentario y educativo principalmente; pero lo más lamentable es que la mayoría de estos niños no deseados, que llegan a empeorar las precarias condiciones del núcleo familiar, son expuestos a un entorno perjudicial que en Colombia ha mostrado sus peores facetas en las más diversas formas de delincuencia.

Dentro de la necesaria política de natalidad que el Estado debe manejar con absoluta claridad, cosa que no tiene ni parece haber tenido jamás, el aborto debe ser sacado de la clandestinidad mediante el reconocimiento y control jurídico. Lamentable o no, éste se produce casi mil veces cada día en Colombia y pone a mucha gente entre la cárcel y el cementerio cuando la mujer tiene derecho a ejercer su libertad y autonomía.