A pesar de que el año 2000 fue pródigo en propuestas guerreristas para solucionar el conflicto colombiano y de que estas iniciativas ganaron numerosos adeptos, estoy seguro de que ni las propuestas ni las voluntades de éstos incluyen la ofensiva criminal que los paramilitares han desatado en este 2001. Más de 20 masacres paramilitares se cuentan en este mes, más de una por día, que arrojan una cifra macabra de casi 150 muertos y alrededor de mil desplazados.

Yo no se quién pueda creerle a Carlos Castaño, a estas alturas, ese cuento de que las víctimas son guerrillos disfrazados de campesinos, confundidos entre la población civil. Si bien es cierto que muchos guerrilleros tienen casa y familia a la que visitan cada vez que pueden, no es serio argüir que los muertos son subversivos cuando la población reconoce en ellos a gente de la comunidad cuyo origen y actividades son diáfanas, abiertas, claras, inconfundibles, y cuyo sustento son las tareas agrícolas que apenas dan para mal comer.

Tampoco sé quién pueda creerle a Castaño aquello de la colaboración. Los campesinos de Colombia se caracterizan sí, por su hospitalidad y desprendimiento, pero si a ello sumamos que los actores del conflicto hacen valer el poder de sus armas no puede hablarse de cooperación o aporte sino de coacción, chantaje, encerrona, forzamiento. Entonces las excusas de Castaño no tienen validez ni siquiera bajo la moral de la guerra, esa que dice que en ella todo se vale.

El paramilitarismo se le salió de madre a quienes veían en él un boleto de salvación. Ahora no combate de frente a la subversión –como ésta tampoco lo hace con el Ejército– sino que se limita a marcar territorio con sangre, desarrollando la misma estrategia canalla que inventó Pablo Escobar, personaje que tanto odia Castaño y con quien no admite comparaciones a pesar de tantas semejanzas.

Se equivoca Castaño con su proceder porque lo único que está logrando es dividir las fuerzas del Estado para que éste los meta en camisa de fuerza, perdiendo valiosos recursos que requiere para enfrentar a la subversión. Y si el Estado los combate no es para satisfacer las pretensiones de las Farc sino porque está obligado, constitucionalmente, a impedir y castigar los atropellos, bestialidades e ignominias que las mal llamadas autodefensas están perpetrando entre la gente más indefensa.

Pero otro que se equivoca es el Gobierno por negarse a dialogar con Castaño, por negarle repetidamente su carácter de delincuente político y por dejarse imponer de las Farc una visión obtusa del fenómeno paramilitar. Castaño y sus secuaces nunca van a aceptar que sus destinos estén suscritos a la clandestinidad, la cárcel o la muerte. La lógica dice que si su objetivo es combatir a delincuentes políticos, revolucionarios o insurrectos, los ‘paras’ deberían ser objeto de amnistía o, por lo menos, de tratamiento político.

Negarle a Castaño la salida más lógica es forzarlo a que use otra técnica de Pablo Escobar, su maestro, quien regó sangre por torrentes para forzar la prohibición de extraditar colombianos a los Estados Unidos. Bajo esa óptica, Castaño estaría intentando alcanzar el reconocimiento que da el terror y la impotencia, ese mismo que hoy tiene a las Farc con territorio propio y conversando cháchara con un presidente autista que asiste al entierro de Turbay Cote –un muerto entre tantos– pero no al de los 27 descamisados asesinados en Ovejas; que va a Medellín a mirar cómo quedó El Tesoro después del carrobomba pero no a Barranca donde han estallado varias bombas en sectores marginados.

Por culpa de la estrategia de Castaño los Estados Unidos retienen los aportes principales del Plan Colombia mientras se debate la situación de los Derechos Humanos en nuestro país, discusión que se desarrolla bajo esa falacia de que los paramilitares son promovidos por el Estado, que son parte integral de éste. Sin embargo, existe otra mentira más grande y hasta de mal gusto: eso de que Álvaro Uribe Vélez es el brazo político de la derecha paramilitar. ¿Cómo puede alguien vincular a dos personas tan diferentes, un asesino y un hombre pundonoroso e incorruptible?

Carlos Castaño –y la oscura organización que hay detrás de él– se convirtió ya en un grave tropiezo para la paz y en una amenaza en sí mismo. Tantas muertes reclaman justicia y por eso Colombia debe suscribir el Tratado de Roma para asegurarnos de que estas masacres no se queden impunes y puedan ser castigadas en cualquier parte del mundo y sin prescripción en el tiempo. No nos equivoquemos con el excelente registro de Castaño en la televisión: el camino de Colombia no es el de la muerte.  ·

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Posted by Saúl Hernández

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