Deben estudiarse fórmulas para el canje de los cientos de oficiales, suboficiales y funcionarios secuestrados por las Farc.

El problema de los secuestrados políticos de las Farc es un asunto humanitario que nadie parece querer resolver. La semana anterior se conoció un video que prueba la supervivencia de varios de estos retenidos, el gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria; el comisionado de paz de ese departamento, Gilberto Echeverri Mejía; el ex ministro Fernando Araujo, involucrado en hechos de corrupción como Chambacú, y el congresista caldense, Oscar Tulio Lizcano, retenido hace dos años. Ellos son la punta del iceberg junto a la ex candidata presidencial Ingrid Betancur, los 12 diputados del Valle del Cauca y otros cinco parlamentarios, pero tras ellos está el drama de cientos de militares y policías que llevan hasta cinco años retenidos y cuya liberación no se ve muy pronta.

La tesis que se esgrime para no aceptar el canje propuesto repetidamente por las Farc es que no pueden intercambiarse personas retenidas contra su voluntad a cambio de quienes purgan penas por delitos graves como asesinato, secuestro o terrorismo. Casi todos coincidimos en que en realidad, eso no es justo ni proporcionado y se teme que una vez se realice el canje, se convierta en un mecanismo de los violentos para burlar la acción de la justicia. Sin embargo, en todos los países civilizados se da especial atención a las situaciones de rehenes, y se hace todo lo posible por rescatarlos a salvo y con la mayor prontitud.

El gobierno colombiano quiere hacerse el indolente para no darle crédito a la altanería del Mono Jojoy, quien hace unos años dijo que los soldados no tenían dolientes porque no eran de la alta sociedad. Se recuerda la diligencia y prontitud con la que el Estado resolvió el secuestro de Juan Carlos Gaviria, hermano del ex presidente César Gaviria Trujillo, durante la administración Samper. Si bien no se liberó a alias Bochica, principal cabecilla del grupo JEGA, autor del secuestro, sí hubo otras liberaciones y muchas concesiones. Ahora se quiere ignorar, además de los militares y policías, a altos dignatarios y figuras prominentes para fingir una firmeza que el Estado colombiano no tiene.

Se niega la posibilidad de un canje humanitario cuando ni siquiera hay un líder importante de las Farc en la cárcel, tan sólo algunos encargados de finanzas, de mediana importancia, como Yesid Arteta, y pare de contar. Además, si las penitenciarías siguen siendo un nido de corrupción, los códigos tan laxos y la justicia tan precaria, estos hombres de las Farc, de un modo u otro, van a terminar en la calle, tarde o temprano. Aceptar un canje tampoco pone de manifiesto —como afirman algunos— el reconocimiento del antagonista como una fuerza beligerante, mas bien pone de presente que existen un Estado y una Sociedad Civil a los que les duelen cada uno de sus miembros, y la suerte que los cobije.

La diferencia entre estos y otros secuestrados es que por los canjeables las Farc no negocia por ningún precio en dinero lo cual deja en el limbo a estas figuras de la clase política y a los varios cientos de oficiales y suboficiales retenidos. No puede pretenderse que sigan abandonados como tampoco puede permitirse que esta guerra se prolongue cinco, diez o veinte años más. Por supuesto, también, que un intercambio sólo debería darse en la medida en que se fortalezcan el Ejército y la Policía y comience a recobrarse el sentido de autoridad. De nada nos sirve devolver estos hombres a su hogar mientras se mantiene el clima de zozobra ni ganar una guerra abandonando a estos hombres a su suerte.

Posted by Saúl Hernández

Deja un comentario