Creímos que estaba desterrado el confeccionar leyes a la medida de intereses personales o con oscuras intenciones.

A nadie le debe sorprender que los parlamentarios colombianos se nieguen a reducir sus propias pensiones, los viajes que realizan con frecuencia al extranjero y el repugnante engendro conocido como ‘carrusel’, mediante el cual los segundos, terceros, cuartos renglones y aún los de más abajo, asumen la curul del  titular para acceder a las escandalosas pensiones. Lo que sí creímos que estaba desterrado era el confeccionar leyes a la medida de sus propios intereses —o de oscuras intenciones— como se pudo constatar con el pretendido seguro de responsabilidad civil que se quería aprobar sin debate, la semana anterior.

El ponente, el senador Guillermo Chávez —un delincuente sin duda alguna—, no sólo estaba tramitando la creación de una aseguradora del sector transportador sino que su segundo y tercer renglón son empresarios del transporte, y su fórmula en la Cámara de Representantes, José Gutiérrez, es padre de otro de los socios de la empresa en gestación. Aún así, con tanta evidencia en su contra, el senador Chávez niega con toda desfachatez las oscuras y mezquinas intenciones con las que él, y seguramente muchos otros parlamentarios ya sobornados (80 representantes firmaron una proposición a favor), estaban pasando el proyecto con el mayor de los sigilos pues cuando se conoció la noticia ya había sido aprobado en tres debates.

Mientras tanto, el ‘respetable’ sector asegurador colombiano puso cara de yo no fui cuando se destapó el escándalo pero, a pesar de que el proyecto se archivó, el gremio asegurador no se ha mostrado en desacuerdo con el seguro y, por el contrario, propone realizar un estudio técnico que no es otra cosa que una manera de justificar la creación de un negocio que les reportaría ingresos por más de dos billones de pesos anuales. El apetito desmedido de los empresarios pudo más que la breve indignación por un chanchullo más en el Congreso; uno más, uno menos, qué más da.

Este seguro no es más que un impuesto disfrazado y, mucho peor, un fraude disfrazado, un latrocinio, un robo; y constituye un motivo de grave preocupación el hecho de que siga haciendo carrera la creencia de que el bienestar ciudadano se construye con normas onerosas que aceitan la maquinaria de la corrupción política y benefician a unos pocos. La idea expresada hace poco por el Ministro del Transporte, Andrés Uriel Gallego, es igual de taimada: obligar a todos a sacar nueva licencia de conducir con el débil argumento de que hay muchas licencias falsas. Esa no es ninguna justificación válida, hay muchos conductores ineptos que tienen una licencia legal mientras que otros son buenos conductores a pesar de tener una licencia falsa. Repetir las licencias no ataca el problema de fondo, es sólo un negocio que alguien tendrá qué pagar (el Estado o los usuarios), que generará coimas y  llenará los bolsillos de  algún oportunista bien apalancado.

Basta analizar los casos del Soat (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito) y el Certificado de Gases Contaminantes. Este último ha sido completamente inútil como lo demuestran las mediciones de contaminación en nuestras principales ciudades y, a pesar de que la ley lo estableció para cada dos años, en casi todo el país exigen su renovación anual. Si se hubiera querido controlar la polución ambiental podrían estimular el uso del gas vehicular o cumplir con la supresión de vehículos viejos. Por su parte, el Soat no es recibido en  muchos hospitales cuando de atender a un herido se trata y su cobertura es mínima frente a los costos hospitalarios: seis millones como máximo. No hay rebaja de la prima para quien no ha estado incurso en ningún accidente ni se encarece para el que sí lo ha estado. Es un negocito de fácil recaudo para el Estado y las aseguradoras.

En Colombia hay seis mil muertos anuales por accidentes de transito pero no hay ningún interés por reducir la mortalidad, lo que interesa es crear otro impuesto que beneficia a los de arriba. No se trata de ‘prevenir antes que lamentar’ sino de pagar para una supuesta indemnización. Habrá que ver para creer porque a las familias de las 21 víctimas del colegio Agustiniano de Bogotá les pagaron una suma muy lejana a la que se  podría esperar, a pesar de la culposidad del homicidio dada por la cantidad de normas violadas por los encargados de operar la recicladora de asfalto que aplastó el bus escolar. Si se quisiera reducir la mortalidad vial se impondrían medidas que vayan al fondo del problema como instalar controladores de velocidad en los vehículos de transporte, cancelar las  licencias de funcionamiento a las empresas transportadoras que ponen muertos en  cada temporada vacacional, cancelar licencias de conducción a los automovilistas imprudentes o imponerle seguros de este tipo pero sólo a quienes incurran en accidentes con muertos o heridos de gravedad. El otro tema es el de reducir la corrupción. ¿Qué tal subir a todos los congresistas a un bus intermunicipal sin frenos?

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Posted by Saúl Hernández

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