El santo chivo

Culpable o no, Santofimio ha hecho méritos para ser un chivo expiatorio que es, más bien, un gran cabrón.

Alberto Santofimio Botero fue una de las figuras más influyentes de la política colombiana desde de los años setentas hasta mediados de los noventa. Aunque siempre se reconocieron su inteligencia y sus dotes de gran orador, su manera de hacer política se distinguió desde temprano por la falta de escrúpulos. Era experto en mañas electoreras y hábiles picardías. Muchas veces fue investigado por escándalos de corrupción, relaciones con los capos del narcotráfico y hasta por asesinatos, como el de Luis Carlos Galán. Y tres veces estuvo preso: por peculado como presidente de la Cámara de Representantes, por borrar unos microfilmes del mismo estamento que contenían información comprometedora y por recibir dinero del Cartel de Cali.

Ahora su nombre vuelve a la palestra  por el magnicidio de Galán, en un país malacostumbrado al homicidio de sus grandes líderes y a la impunidad de todos los procesos. Grandes hombres como Antonio José de Sucre (1830), Rafael Uribe Uribe (1914), Jorge Eliécer Gaitán (1948) o Álvaro Gómez Hurtado (1994), han sido asesinados sin que se pueda castigar a todos los culpables ni descubrir a todos los conspiradores. Las investigaciones suelen desviarse, se culpabilizan inocentes, los sospechosos urden coartadas inverosímiles, falsos testigos enredan las cosas y, a la vuelta de los años, se vuelve al principio: nadie sabe, nadie vio, nadie oyó. Por eso, la sorpresa es que se acuse formalmente a Santofimio como determinador de un crimen ordenado por Pablo Escobar y ejecutado hace 16 años, el 18 de agosto de 1989, en el marco de las elecciones presidenciales más nefastas de la historia de Colombia, en las que fueron asesinados otros dos candidatos: Carlos Pizarro, reinsertado del M-19 y Bernardo Jaramillo, también de la Izquierda.

La caracterizada impunidad de la justicia colombiana podría explicarse en el exagerado garantismo que también la distingue, el apego a los punto y coma de las leyes y no al espíritu de las normas y, por qué no, a cierto grado de corrupción. Con todo ello, a los jueces no hay quién los ronde y es habitual que se declare la inocencia de reconocidos delincuentes por simples tecnicismos y a veces ignorando la flagrancia. La única prueba reina que parece valer en Colombia es que el delincuente reconozca un delito, así no sea uno de los graves, o que haya expresa voluntad de algún funcionario para condenarlo, no siempre con razón, no siempre sin ella. También es importante, para poder condenar a alguien, que sea un pobre diablo: «La justicia es para los de ruana», dice el refrán.

Tan cierto como lamentable es que, bajo los lineamientos tradicionales de la justicia colombiana, no hay nada contra Alberto Santofimio. A menos que haya voluntad de muchas personas, terminará libre otra vez y él, como excelente penalista que es, bien lo sabe —fue Ministro de Justicia en el gobierno de López Michelsen (1974-1978)—. Algunos piensan que las declaraciones de un sicario como John Jairo Velásquez, alias ‘Popeye’, y de un ex parlamentario preso por corrupción y asesinato, Carlos Oviedo Alfaro, carecen de credibilidad aun cuando existen otros sustentos como una vieja declaración del sicario Luis Carlos Aguilar Gallego, alias ‘El Mugre’, asesinado al salir de prisión, y del médico del mismísimo Santofimio, quien le advirtió en persona a Galán del complot que había en su contra.

Sin embargo, la confesión de ‘Popeye’ es más creíble de lo que parece porque ninguna de sus declaraciones a la justicia ha sido un cuento infantil. Él mismo reconoció su participación en el crimen de Galán y en muchos otros de los más de mil que se le atribuyen a Pablo Escobar, ‘Popeye’ era su mano derecha. En 2001 expresó ante un juzgado perlas como estas (El Colombiano, febrero 23 de 2003):

«Pertenecí a una organización criminal que «ajustició» a los ministros de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla y Enrique Low Murtra, e hirió de gravedad al ministro de Justicia, Enrique Parejo González, en la ciudad de Budapest».

«El cartel de Medellín sostuvo una guerra abierta contra la Policía Nacional. Dicha organización ejecutó magistrados de la Corte Suprema de Justicia y numerosos jueces».

«Yo secuestré al señor Andrés Pastrana Arango en una operación única en Colombia y pocas en el mundo, cuando era aspirante a la Alcaldía de Bogotá. Lo llevé a Medellín y lo entregué al señor Pablo Escobar».

«Esclarecí la muerte de Luis Carlos Galán y la del procurador Carlos Mauro Hoyos, por la cual me habían declarado inocente, y otros magnicidios».

«La sociedad tiene que buscar la forma de rehabilitarme. No para ingresar a la sociedad porque es imposible que yo ingrese a ella, sino para que yo sea neutro y no haga daño».

Si los paramilitares confesaran sus masacres y señalaran a sus cómplices, el país les creería; si las guerrillas hicieran lo propio, igual; ahora que se han sumado, a los rumores contra Santofimio, testimonios de primera mano, no hay razón para no hacer lo mismo. Develar el crimen de Luis Carlos Galán equivale a esclarecer el asesinato de John F. Kennedy en EE.UU., o de Luis Donaldo Colossio en México. Se asimila a desvirtuar la teoría del asesino solitario que atentó contra Gaitán y desató la violencia de mediados del siglo veinte en Colombia, de donde surgieron las guerrillas que perduran hasta nuestros días. Significa devolverle a la justicia gran parte de la confianza perdida y recuperar uno de los pilares fundamentales de la democracia. Pero si Santofimio sale indemne de ésta, la frustración será inmensa. Culpable o no, ha hecho méritos para ser un chivo expiatorio que es, más bien, un gran cabrón. ·